- Parte de su labor es el seguimiento a lo aprobado en la consulta de febrero pasado, ¿cuáles son los pendientes?

- Ley de Plusvalía ya está derogada. Está conformado el Consejo de Participación Ciudadana transitorio con la evaluación de las entidades. Los cambios inmediatos, una vez que se publicaron los resultados, ya se hicieron, como el caso de la reelección y de lo que se denomina muerte civil. La cirugía mayor a la corrupción es una constante. El presidente envió hace poco el proyecto de ley que permitirá repatriar esos capitales que han sido usurpados del erario nacional por actos de corrupción. Sin embargo, sí hay presos, pero dónde está la plata que de acuerdo a lo que la justicia ha establecido se han robado. Esos son los mecanismos que están planteados.

- ¿Cómo calificaría la gestión del Consejo de Participación Ciudadana de transición?

- En término general es positiva, pero creo que es una responsabilidad de toda la ciudadanía el valorar al finalizar su período efectivamente si se cumplió o no su trabajo. El Consejo transitorio tenía un mandato específico y no podían ir ni más allá ni más acá.

- ¿Y cree que una forma de evaluar ese trabajo sería una consulta popular que blinde la labor del Consejo o si se lo elimina como propone el presidente del mismo, Julio César Trujillo?

- Como Gobierno no tenemos ninguna postura todavía al respecto. Eso ni siquiera lo han discutido entre los integrantes del propio Consejo. Cualquier cosa que sea de interés nacional y que la gente pueda democráticamente validarlo en las urnas es un mecanismo democrático bueno.

- Estamos en una época preelectoral y existe mucha expectativa sobre los candidatos y las alianzas, sobre todo la que PAIS puede concretar en Guayas con Centro Democrático, ¿por qué aún no se concreta?

- Se están definiendo con criterios responsables nuestros candidatos o de alianzas. Hay toda la voluntad de afianzar y cohesionar algunas organizaciones en las que coincidimos, sin embargo la aplicación de la concreción de una alianza pasa por un trabajo más en detalle y en eso se está trabajando.

- Pero se entendería que si están cogobernando con Centro Democrático no sería tan complicado pulir esos detalles...

- Sin duda. Hay una apertura importante. Hay que definir detalles y eso en su momento se lo hará.

- ¿Se analiza en PAIS una candidatura a la Alcaldía de Guayaquil o Jimmy Jairala sigue siendo la primera opción?

- Las posibilidades siempre estarán abiertas. Creo que es una muy importante opción la que ha planteado Centro Democrático y en esas conversaciones estamos. Es un importante cuadro, pero eso responderá a las decisiones que se tome en un sinnúmero de criterios con un sentido provincial y también con una conformación plural de los pesos que cada uno tiene.

- ¿Le han propuesto que asuma alguna candidatura para las elecciones del 2019?

- No, estamos enfocados en seguir con este trabajo importante más allá de todas las que tengo por delegación del presidente.

- La Asamblea Nacional afronta un momento tenso por las acusaciones de cobros, o llamados diezmos, de algunos asambleístas a sus asesores. Usted fue legisladora, ¿escuchó alguna vez de estos rumores que ahora son testimonios concretos en la Asamblea?

- Siempre se ha escuchado esos temas. No es de ahora, es de antes y de la época del viejo Congreso. Creo que es importante diferenciar. Rechazamos y condenamos cualquier acto que vaya en detrimento a la remuneración de tu equipo de trabajo. Y también me parece irresponsable calificar a toda la Función Legislativa y no valorar cada caso por el comportamiento desacertado de algún asambleísta.

- ¿Cree que la asambleísta Sofía Espín hizo bien o mal en visitar a la PPL Diana Falcón?

- Los resultados de la investigación de las formas de cómo se ingresó al Centro de Rehabilitación Social, del propósito y en qué contexto se dieron arrojarán elementos para condenar o calificar ese tipo de acciones. Lo menos que puede dejar es en sospecha el cómo se dieron esas circunstancias. Creo que es prematuro y eso se deberá resolver como producto de las investigaciones de la Asamblea Nacional, lo que no es una limitante para que la justicia actúe si corresponde.