La consigna (pese a las observaciones, críticas y denuncias) es la misma: Petroecuador insiste en asegurar sus bienes con Hispana de Seguros. Ante el primer proceso fallido, ahora se intenta una adjudicación por emergencia. Es decir, sin controles previos ni concurso con más oferentes.

La decisión, según analistas y autoridades, bordea la ilegalidad y puede tener consecuencias penales contra los funcionarios de Petroecuador.

El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) lanzó la primera alerta. Según su titular, Silvana Vallejo, la declaratoria de emergencia para contratar sin controles debe estar sustentada técnica y jurídicamente. No es posible llevar a cabo procesos sin controles a menos que haya una causa de fuerza mayor. Eso será investigado de la mano de la Contraloría General del Estado.

Un ejemplo es la pandemia. Ahí, las entidades públicas compraron de manera directa porque no había tiempo para concursos y controles. Por ahí se filtraron más de 29 adquisiciones con anomalías e indicios de responsabilidad penal.

¿Pero cuál es la emergencia técnica en Petroecuador? EXPRESO consultó con la empresa y mediante comunicado se explicó que se está cumpliendo la disposición judicial -aunque eso no fue lo resuelto por el juez- y se determinó la emergencia.

También existe una carta firmada electrónicamente por el gerente general de Petroecuador (que renunció hace un mes, pero que aún no tiene reemplazo), Ricardo Merino, para una de las reaseguradoras internacionales. Ahí, el funcionario desacredita a los entes de control y a todo aquel que cuestiona los procesos de su gestión aludiendo a “acciones que están fuera de nuestro control y como resultado de una resolución judicial impertinente y distante a la materia de contratación pública, la cual ha sido impugnada y apelada”. También insiste en que con la declaratoria de emergencia se podrá contratar a la adjudicada. Es decir, a Hispana.

La consulta sobre la misiva también llegó a Hispana. Aún no hay una respuesta.

¿Qué más dice la carta? Merino califica de ‘impertinente’ a la resolución judicial que pidió que el concurso de seguros regrese a la fase de calificación de oferentes por una serie de novedades. Entre esas, por ejemplo, la adulteración de documentos y el irrespeto a las disposiciones legales y del Servicio de Contratación.

Merino, en la carta a la que accedió EXPRESO, también afirma que hubo una “participación de autoridades que no tienen competencia ni injerencia en la contratación de seguros de Petroecuador, pero que han opinado, contaminando los medios de comunicación”.

El propósito de la carta, a más de justificar por qué se declaró desierto el concurso que debía continuar por orden judicial, es hablar de la emergencia decretada y pedir apoyo internacional. “Agradecemos hacer llegar este comunicado en nuestro nombre al mercado internacional de Reaseguros y solicitamos por su intermedio que los respaldos de Reaseguros se mantengan a favor de la compañía adjudicada, con la finalidad de precautelar los intereses de la empresa pública Petroecuador y la contratación de las nuevas pólizas de seguros, con vigencia de 730 días contados a partir del 7 de diciembre de 2020”.