Mandato

Alianza PAIS (AP), incluidos sus líderes Rafael Correa y Lenín Moreno, lanzó una convocatoria pública a sus militantes, a construir el Mandato Militante 2017 “para una renovación con identidad, historia y lealtad al proyecto político de la Revolución Ciudadana”. Se prevé la realización de asambleas provinciales con participación de toda la militancia, a fin de escuchar y debatir cuál debe ser el papel de AP en la etapa que comienza con la presidencia de Moreno, y de cara al futuro: cómo organizarse mejor y potenciar la capacidad de movilización; y además, para “reafirmar sus principios ideológicos fundantes y activar la Escuela de Formación Política, así como fortalecer la participación y el protagonismo de las bases militantes en la vida interna del movimiento”, según lo expresara su secretaria ejecutiva, Gabriela Rivadeneira. Oportuna la reunión, y necesaria, toda vez que aunque AP viene triunfando en comicios presidenciales desde hace una década, la “década ganada”, bajo el liderazgo de Correa -más el período presidencial de Moreno, que recién comienza-, quizá por un real mal entendido generado por las reiteradas declaraciones de Moreno poniendo distancia con el gobierno anterior al puntualizar que imprimirá “su propio estilo”, más “tolerante y respetuoso” y buscando “consensos” con todos los sectores, hay un afán tendencioso de sectores políticos por potencializar cualquier disenso o discrepancia, que es natural que pueda darse entre el “estilo” de actuar y administrar el país en el caso de dos personalidades tan diferentes. Lo que le interesa al expresidente Correa es la continuación y afirmación de un proyecto político y de administración de la cosa pública ya puesto en marcha, con buen resultado durante una década, y a Moreno, hacer el mejor gobierno posible en la medida de sus capacidades y las de sus asesores y ministros. No creemos que el presidente Moreno, pese a su prurito de hacer las cosas “a su estilo”, caiga en los cantos de sirena de los banqueros para manejar el dinero electrónico o se avenga a las destempladas exigencias de la Conaie, que hasta le fija plazo para responder a su solicitud de amnistía para 177 indígenas e indulto para 20 dirigentes, entre ellos probablemente los shuaras que secuestraron y dieron muerte a agentes de la policía.