A siete días de cumplirse una década del perjuicio que sufrieron 250 campesinos de la pre Asociación de Agricultores La Majadita, del cantón Daule, con un préstamo que tramitaron en el desaparecido Banco Nacional de Fomento (BNF), la incertidumbre judicial se mantiene, mientras que una deuda millonaria se dispara.

Una providencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales del Guayas que tramitó la causa, por el presunto delito de peculado, desvela una serie de “errores” cometidos en el trámite de ese proceso. Una aparente negligencia que ha prolongado no solo la ejecución de la sentencia que existe contra diez personas que recibieron diferentes condenas, entre ellas, exfuncionarios del BNF;sino que impide la reparación al Estado como víctima, y que los perjudicados colaterales (campesinos) puedan hacer nuevos créditos o ser parte de la actividad pública.

Un grupo de afectados se reunió, la mañana de ayer, en el cantón Daule para exigir a la justicia que culmine con ese calvario que han vivido.

Miguel Ramos, abogado de los agricultores, revela que en la última providencia que recibió se hace un breve recuento de los fallos que hay en el caso y lo que “erróneamente” ha ocurrido con el proceso, que fue a parar a una unidad judicial y a un juez equivocado, así como escritos que “han ingresado mal a la ventanilla”. Pero, no se ordena la ejecución de la sentencia;es decir, disponer a la Brigada de Capturadores (de la Policía Judicial) que localicen y capturen a los sentenciados y también disponer que paguen lo que se dispuso como daños y perjuicios, la reparación integral...”.

Según explica, la sentencia se ejecutorió tras el fallo que emitió la Corte Constitucional (CC) el 19 de junio de 2018, fecha en la que inadmitió la acción extraordinaria de protección que presentaron los acusados.

Los agricultores sientan ahora sus esperanzas en una acción extraordinaria de protección, que fue admitida al trámite el pasado 7 de febrero en la Corte Constitucional. Con ello esperan que se revea el fallo que revocó la sentencia que un juez de primer nivel resolvió a favor de ellos, en un habeas data con el que buscaban se los elimine del sistema financiero.

EL DETALLE

Reparación. Los perjudicados esperan del Estado disculpas públicas y la respectiva indemnización, por la década de perjuicio que han sufrido.

ENTRELÍNEAS

DEUDA

Cada uno de los agricultores debe $ 40.000; pero, al ser una deuda cruzada (son prestamistas y garantes), cada uno debe pagar 80.000 dólares. Al ser doble la deuda que mantiene cada uno de los campesinos, el préstamo también asciende al doble (cerca de diez millones de dólares), más intereses.

IMPEDIMENTO

Los agricultores buscaban que no se los envíe a la Central de Riesgos, pero, según su abogado, el Banco Nacional de Fomento en Liquidación ha enviado toda la información de los 250 al Ministerio de Relaciones Laborales, donde están con impedimento legal para ejercer cargo público.