El 19 de julio, a las 16:00, se analizará el pedido de revocatoria de medidas cautelares, dictadas por el juez Carlos Soto en favor del removido alcalde de Quito Jorge Yunda. Lo resolvió el juez Patricio Tello quien reemplaza al juez Civil Carlos Soto, suspendido por 90 días por el Consejo de la Judicatura que investiga posibles anomalías en el sorteo de la acción presentada por la defensa de Yunda.

El señalamiento viene un día después de que los concejales del Municipio capitalino presentaran un escrito en el Complejo Judicial Norte solicitando que se trámite a su pedido de revocatoria de las medidas. La diligencia se desarrollará en la Sala de Audiencias 803, de esta Unidad Judicial Civil, en el norte de la capital. 

El removido alcalde ha presentado hasta el momento dos acciones en la justicia ordinaria para evitar que se concrete su salida. Una acción de protección fue concedida de forma parcial por la jueza de Violencia María Belén Domínguez. La otra fue otorgada por el juez Soto. Ambos fueron suspendidos por la Judicatura. Su presidenta María del Carmen Maldonado anunció que se habían detectado presuntas anomalías en los sorteos de los casos. 

En el caso de la acción de protección se ingresó como un caso de violencia para descartar que uno de 215 jueces la conozcan y que el sorteo recaiga solo entre cinco judiciales, dijo Maldonado. En el caso de las medidas habría sido más grave. Según Maldonado no se habría registrado un sorteo sino una asignación directa de un por cobro de honorarios que a las tres horas recibió el fallo favorable del juez.

A seis funcionarios se les inició un expediente administrativo para determinar qué posibles anomalías se cometieron y los responsables. 

Hasta tanto algunas dependencias municipales están paralizadas, el Concejo Municipal no ha podido sesionar porque los concejales que apoyaron la remoción no reconocen a Yunda.

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres señaló que el martes se ejecutorió la resolución de ese organismo que ratificó la legalidad de lo actuado por el Concejo Municipal que removió a Yunda. Indicó además que si el removido funcionario persistía este miércoles en mantenerse en el cargo podría ser sancionado con hasta 70 salarios de multa y la suspensión de derechos.