El ‘negocio’ de ser candidato

Alrededor de cien millones de dólares desembolsará el Estado en la promoción electoral de los comicios de ayer. Que todo ese capital haya sido destinado a pautas, sin desviar ninguna comisión por debajo de la mesa, está en duda para algunos candidatos, pese a la existencia de leyes, reglamentos y fiscalizaciones para el control de gastos electorales.

Dentro de los partidos y movimientos políticos ha habido rivalidades y hasta amenazas de muerte en torno a la forma en que se invirtieron los rubros destinados a cada candidato, según ha recopilado EXPRESO, en unos comicios con 81.278 postulantes a alguna de las dignidades en juego.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoce que han llegado quejas, pero no las califica como denuncias formales, puesto que aún no arriban a instancias judiciales. Sin embargo, los reparos de los implicados dan cuenta de irregularidades tan graves como inversiones exorbitantes de dinero en shows políticos y coimas por acuerdos comerciales por pautas para promoción.

Se llama fondo de promoción al rubro que recibe la persona delegada por el partido o candidato que tendrá la responsabilidad de pactar con agencias de publicidad, medios de comunicación o empresas privadas dedicadas a la propaganda rodante. La cifra destinada dependerá de la densidad poblacional que tenga cada territorio. Por ejemplo, en Guayaquil, cada candidato a alcalde recibirá alrededor de 400.000 dólares (ver infografía).

Los destinos de estos rubros son los que han causado malestar en algunos partidos o movimientos políticos, por el recibo de presuntas comisiones entre medios, agencias y responsables del manejo económico.

Uno de los primeros casos que se hizo público salió del movimiento Pachakutik. Sus candidatos a las alcaldías de Guayaquil, Milagro y Durán: Octavio Suárez, Eusebio Tamayo y Javier Darío Barzola, respectivamente, denunciaron la falta de transparencia en el manejo de sus fondos de promoción electoral, que suman, entre los tres, $ 435.600.

“A mis compañeros y a mí, (dirigentes de nuestro partido) nos sacaron pautas en Manabí, sin que esa fuera el área de nuestra candidatura. Hicimos un reclamo formal (...). A quienes manejaron las inversiones no les importaban los comicios. El negocio es mentirle al Estado y usarnos como tontos útiles para obtener el dinero que destina el CNE”, asegura Suárez. Lo secundan en esta opinión Tamayo y Barzola.

El caso de Pachakutik tiene incluso una amenaza de muerte, afirma el ahora excandidato por Guayaquil, pero aclara que esta no ha sido denunciada a la Fiscalía, de ahí su recelo a dar estas declaraciones a EXPRESO.

John Gamboa, director de la delegación provincial de Guayas del CNE, reconoce que este es un factor que fue motivo de quejas. Solo en Guayaquil tiene reporte de tres casos, además del expuesto. Sin embargo, Mireya Jiménez, directora de Promoción Electoral, califica estos y todos los casos de los que se ha tenido reporte como “discrepancias dentro de las mismas organizaciones políticas”.

A veces, esas diferencias devienen de la falta de transparencia. Christian Arias, quien disputaba la concejalía de Guayaquil por el movimiento SUMA, admitió que tiene sospechas sobre posibles “transas” de su responsable económico con medios de comunicación para quedarse con una parte de la inversión publicitaria que paga el Gobierno, pues el responsable económico no socializó el proceso de promoción. “Ni siquiera la voz que se grabó en mi cuña era la mía”, se queja.

La inconformidad por el manejo de fondos es como un fantasma que pasea de oído en oído con especulaciones y secretos a voces de presuntos negociados. Provocó, incluso, la renuncia de aspirantes, en voz de protesta, a mover su imagen en la campaña.

Es lo que ocurrió con el excandidato a la Prefectura del Guayas Jorge Norero (Concertación), quien el pasado 24 de febrero dijo adiós voluntariamente a su promoción electoral por supuestas inequidades y falta de control.

Nunca entendió ni compartió que, como aspirante, tuviera que contratar con una agencia publicitaria su espacio en medios. “Es un negocio para los que administran los fondos. Las comisiones tienen tres formas que todos los que estuvimos dentro conocemos: agencia-medio, candidato-agencia o candidato-medio. Las ‘ganancias’ suelen alcanzar hasta un 30 % del valor total de la pauta que se elija”, asegura en entrevista con este Diario.

El pasado 16 de marzo, el exaspirante a la Alcaldía de Quito, Juan Carlos Holguín (CREO), se refirió a la fuga de capital para promoción de campaña en un tuit: “¡Esto es aberrante! (...) Hay un gran negocio para muchos aquí. En el CNE, en los medios, en vallas sin permiso, en ‘agencias’. Comisiones con nuestros impuestos. Hay que terminarlo. Es una burla a la democracia”.

El director de contenido de una radio local reconoció para este reportaje que no solo existen este tipo de tratos, sino que hay entrevistas por las que los candidatos pagaron durante la campaña. “Se cobraba por minuto o por bloque. Un bloque podía durar un cuarto de hora. Se paga siempre en efectivo”, afirma. Por razones de seguridad, pide que su nombre no sea citado.

El problema es que ninguna de las aseveraciones y denuncias ha podido ser corroborada hasta ahora. De ahí que el CNE no haya dado validez a las quejas. El director de la delegación provincial de Guayas explica que para evitar estos casos todos los medios fueron inscritos como proveedores del Estado y se entregó un tarifario de acuerdo con el horario y sintonía. Igual control se ejecutó con las vallas publicitarias.

Gamboa recuerda que es el candidato o el partido el que registra a su responsable de manejo económico y a su contador, que será quien firme las cuñas publicitarias con la aprobación previa del CNE. “Lo que las radios o los medios hagan de forma ilegal ya es penal. Nosotros exigimos facturas y no podemos regular las entrevistas. Lo que hacemos es exhortar a que sean equitativas. Cómo pauten o ajusten sus entrevistas es problema de cada candidato. No hay forma de prohibir eso”.

Los candidatos tienen la opción de demandar ante el Tribunal Contencioso Electoral, para que este tome acciones. “Ha habido casos, por ejemplo, en los que algún medio pasa cuñas que no están autorizadas. Y de eso devienen en sanciones de hasta 100.000 dólares”, precisa.

El excandidato Norero cree que aún falta control. “Si hubieran querido una promoción equitativa, debería haberse negociado directamente con los medios desde el CNE, en lugar de entregar esa atribución al responsable económico”, apunta.

Este vox populi sobre coimas de fondos de promoción, que queda en el limbo de las denuncias a falta de formalizarse, se aloja en la memoria electoral, como una sombra que ensucia a la espina dorsal de un Estado: el sistema democrático. Lo que hace, según remata Norero, es carcomer la credibilidad nacional y las ganas de ir a las urnas.