La ‘Estatal’ reclama a Finanzas que pague los $ 17 millones que le adeuda

La Universidad de Guayaquil pidió al Ministerio de Finanzas que cancele los $ 17 millones que le adeuda en lo que va del año, para poner en marcha el plan de seguridad interna que ha diseñado, luego de los últimos actos vandálicos y terroristas que se han producido en la institución.

Roberto Passailaigue, rector y presidente de la Comisión Interventora y Fortalecimiento Institucional (CIFI), informó este jueves 6 se junio de 2019, que la entidad no tiene recursos para afrontar la situación de emergencia dispuesta por el Consejo Superior Universitario, en los ámbitos de seguridad interna, seguridad jurídica y financiera.

Esta medida fue adoptada el 29 de mayo pasado, tras la detonación de un artefacto explosivo que causó daños en tres vehículos en el parqueadero de la facultad de Ciencias Médicas.

Desde el 30 de mayo, la Policía y la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) realizan operativos de controles preventivos en las puertas de ingreso y salida de la alma máter, hasta que la entidad ponga en marcha su plan integral del seguridad.

No obstante, Passailaigue señala que a pesar de que el plan está diseñado, todavía no se lo puede ejecutar por falta de presupuesto. Es por ello que manifestó que solicitará el apoyo de la empresa pública y privada para que financie algunas de los mecanismos contemplados en el mismo.

Este involucra la adquisición de plumas y torniquetes que serán instalados en las puertas de ingreso y salida de la ciudadela Salvador Allende; el incremento de agentes de seguridad y de cámaras que serán colocadas en lugares estratégicos.

“Con ello podremos controlar que personas ajenas a la universidad ingresen a robar vehículos y accesorios en los parqueaderos, arranchar celulares y otros objetos a los estudiantes, docentes y empleados”, resaltó.

Por el momento, dijo que se han colocado siete cámaras en puntos estratégicos de la ciudadela, con el apoyo del ECU-911 que se encargará del monitoreo constante.

La falta de recursos también retrasa el reordenamiento de los comerciantes, muchos de los cuales trabajan de manera irregular y ocupan predios de la universidad sin cancelar sus arrendamientos.

El rector otorgó un plazo de 48 horas para que las personas que estén autorizadas en legal y debida forma a ocupar espacios al interior de la universidad para cualquier tipo de negocios, venta, prestación de servicios, etc., presenten en la Dirección Administrativa el justificativo correspondiente que acredite la legalidad del uso, caso contrario serían desalojados.

El plazo concluyó el miércoles 5 de junio y solamente 40 comerciantes han cumplido con el pedido. Y a pesar de la advertencia de desalojo dada en primer momento, el rector explicó que esta medida no se puede aplicar, sin que antes se implemente el plan de seguridad interna, ya que una cosa está ligada a la otra.