Resultados que modifican planes. El Gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene listo un proyecto de Ley Laboral, que es una de las ofertas inconclusas de campaña, pero la idea de plantearla en una consulta popular se aleja cada vez más del radar del Ejecutivo.

Los resultados electorales del 5 de febrero hicieron que el nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, empiece a sopesar los escenarios en los que se podría desarrollar esta idea que surgió precisamente de su antecesor, Francisco Jiménez.

A EXPRESO, Cucalón le dijo que lo va a analizar de mejor manera, pero que lo ideal sería que la sociedad civil y el Parlamento lo discutan, porque eso podría generar puntos comunes de encuentro que es lo que el Gobierno busca lograr para recuperar el terreno perdido.

Todo indica que irá a la Asamblea en donde se encontrará con un panorama no tan sencillo para su propuesta porque le tocará compartir protagonismo con la que fue presentada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) en junio de 2022 y lleva un tratamiento avanzado.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, anunció que ahora sí, en los próximos días, hará un llamado a una mesa de diálogo laboral a la que se espera acuda el Gobierno con su propuesta que, sin embargo, podría ser ‘desmembrada’ en el camino como ha pasado con otras.

Ese es el caso de la reforma a la Ley de Educación Superior que Lasso la presentó en agosto de 2021 y un año y medio después no ha sido aprobada. La Comisión de Educación Superior tiene listo el informe para segundo debate y podría ser tratado en el pleno entre mañana y las primeras semanas de marzo.

El tema ahí es que, además del proyecto del presidente, a esa mesa legislativa llegaron 18 más y muy pocos insumos fueron adoptados del documento enviado por el Gobierno, lo que aumenta la posibilidad de que haya un veto presidencial, tensando la relación entre las funciones.

“Había un planteamiento que los preuniversitarios sean pagados por los alumnos y a eso le dijimos que no puede ser. El Gobierno propone que las universidades creen nuevas carreras, de acuerdo a sus estatutos, sin pasar por las entidades creadas para el efecto y, particularmente me opongo a aquello”, le dijo a este Diario Darwin Pereira, de Pachakutik, integrante de la Comisión de Educación.

El Gobierno espera que el tratamiento de sus propuestas sirva como puntos de convergencia con la Asamblea. Por ejemplo, en el tratamiento de la reforma parcial a la Constitución para definir el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interna el ministro Cucalón quiere tener una mayor participación para defender la propuesta gubernamental.

Sin embargo, en la Comisión Ocasional de Enmiendas, que trata el proyecto, se han hecho varias observaciones de fondo y forma a lo enviado por el presidente Lasso. Está pendiente el primer debate y luego el documento deberá volver a la mesa legislativa para la elaboración del informe definitivo.

“La gran mayoría de asambleístas estamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas puedan coadyuvar en el combate a la delincuencia, pero hay que poner las reglas para determinar en qué casos pueden actuar los militares, porque no se puede dejar abierto”, señaló en días pasados Saquicela.