25 de agosto: Mae Montaño (CREO) acude al Pleno portando un cartel con una caricatura de los implicados en el caso Odebrecht. La policía  forcejeó con ella, pero la asambleísta resistió.

Las leyes no escritas que se imponen a los asambleistas

Paradoja legislativa: el poder del Estado que redacta las leyes que gobiernan al país, se gobierna a sí mismo con más de una ley no escrita.

Paradoja legislativa: el poder del Estado que redacta las leyes que gobiernan al país, se gobierna a sí mismo con más de una ley no escrita. En el Pleno de la Asamblea rige un reglamento paralelo que resta libertades a los legisladores, está basado en viejas decisiones (a veces arbitrarias), de su presidencia y busca imponer las normas de urbanidad y buenas costumbres.

Estas disposiciones han sido denunciadas por varios legisladores e incluso hubo un proyecto de resolución, presentado por César Carrión, para rechazar esa manera de conducir la Asamblea. Por supuesto, no había ninguna posibilidad de que se aprobara, pero Carrión lo presentó para, por lo menos, discutir el tema. Eso tampoco fue posible y hoy Carrión afronta un proceso disciplinario aprobado por el CAL.

No está escrita la prohibición de exhibir carteles en sesión plenaria. Sin embargo, la policía legislativa ha sido instruida para evitar esas manifestaciones. Lo hace, por significativa coincidencia, desde el día en que la aplanadora correísta de cien votos aprobó la Ley de Comunicación y los de minoría se amordazaron y se pusieron de pie levantado una docena de carteles. La presidenta Gabriela Rivadeneira lo consideró un insulto a la dignidad del Pleno y decidió la censura.

El episodio más reciente relacionado con esta norma ocurrió a fines de agosto y tuvo como protagonista a Mae Montaño. Ella se resistió a ser despojada de un cartel por una media docena de uniformados que rodearon su escaño y entre quienes apareció la propia jefa de la escolta legislativa. Montaño denunció el hecho como un abuso de poder: “El presidente de la Asamblea -dice- actuó como un dictador, afectando nuestra libertad de expresión”.

Tampoco está escrita la disposición que obliga a los asambleístas a someter a la aprobación de la presidencia los vídeos que quieren proyectar en sesión plenaria. Nuevamente, la jurisprudencia que se aplica aquí se levanta sobre una rabieta de Gabriela Rivadeneira, de cuando Mae Montaño presentó un vídeo bajo el leitmotiv de “¿Por qué miente Correa sobre Guillermo Lasso?”, y la bancada correísta lo juzgó ofensivo para la bancada correísta. Desde entonces todo vídeo está sujeto a aprobación.

La primera que violó esta norma, alegando desconocimiento, fue Lourdes Tibán, hoy devenida en asesora de su bloque. En un debate sobre violencia machista, proyectó un vídeo con todas las declaraciones insultantes de Rafael Correa contra las mujeres. Y ardió Troya.

“Todas estas prohibiciones se originan en el miedo a que se sepa la verdad”, interpreta Tibán. “Un cartel o un vídeo son formas de expresar nuestras ideas y el presidente de la Asamblea no nos puede impedir eso”.

Otra de las normas no escritas que la actual legislatura heredó de la anterior y hace cumplir con el rigor policial que le es propio, es la que restringe la movilidad de los asesores. Por descontado que no se les permite ingresar en el Salón del Pleno, ni para llevar un documento, lo cual obliga a los asambleístas, durante las sesiones, a molestosos e inoportunos desplazamientos para encontrarse con ellos en el vestíbulo. Ahí aguardan los asesores como en una sala de partos. Lo más insólito: los asesores de prensa tienen vedado el paso a los lugares donde se encuentran los periodistas. Ya ocurrió que fueran expulsados de ahí entre gritos de protesta.

Todo para garantizar el orden, el respeto y las buenas costumbres. Por “mal comportamiento”, precisamente, César Carrión afronta un proceso disciplinario aprobado la semana pasada por el CAL. Su delito: haberle dicho “dedíquese a trabajar” a José Serrano. El expediente, impulsado por el correísta Daniel Mendoza, incluye varias páginas de razonamientos jurídicos y pruebas anexadas que demuestran en qué gastan su tiempo algunos asambleístas de la bancada correísta; mientras, los pedidos de comparecencia del fiscal, el presidente del Consejo de la Judicatura o la ministra de Justicia son rechazados sin debate. Para Carrión, se trata de una “violación al derecho a debatir”. Pero es algo más que eso: es la aplicación del manual de Carreño por encima de la Constitución.

Filtro presidencial

¿Para qué quieren información?

Fernando Cordero dispuso que los asambleístas no puedan dirigir pedidos de información a los ministros directamente, sino a través de la presidencia. Esto fue visto como una restricción a la labor legislativa. Luis Fernando Torres (PSC) admite que el procedimiento puede facilitar las cosas, pero no desconoce que abre la puerta a discrecionalidades. Mientras tanto, el CAL recibió una propuesta de reglamento (cuyo debate está en suspenso) que obliga a los legisladores a rendir cuentas de lo que hicieron con la información requerida.

Reglamento paralelo

1. CARTELES, NO

Las pancartas son formas de expresión que, por razones de respeto, están prohibidas para los asambleístas. La policía hace cumplir esta norma.

2. VÍDEOS, SEGÚN

Los legisladores no pueden proyectar vídeos ni materiales gráficos que no hayan sido previamente aprobados por la presidencia de la Asamblea.

3. PASO VEDADO

Los asesores tienen restricciones que afectan su trabajo. No se pueden acercar a los asambleístas ni a los periodistas durante las sesiones.

4. TODO FILTRADO

Los asambleístas solo pueden pedir información al Ejecutivo a través de la presidencia. Esto ya ha sido usado para dilatar algunos temas.

5. DAR CUENTAS

Se presentó en el CAL un proyecto de reglamento para obligar a los legisladores a rendir cuentas de lo que hacen con la información solicitada.