La Ley Solidaria

Acaban de cumplirse tres años desde que entró en vigencia la denominada Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana, aprobada en la Asamblea por 94 votos y sin veto presidencial, creada para ayudar económicamente a los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016 en Manabí y Esmeraldas.

Aquel documento disponía el incremento del IVA del 12 al 14 % por un año, el aporte de un día de sueldo por uno y hasta ocho meses -dependiendo del salario percibido en una remuneración igual o superior a los mil dólares-, la entrega del 3 % de utilidades a empresas con relación al periodo 2015, entre otros puntos. La recaudación fue millonaria. Los ecuatorianos, desde el pequeño comerciante hasta el gran empresario, no escatimamos esfuerzos para ayudar a los hermanos que cayeron en desgracia por la fuerza de la naturaleza bajo la consigna de levantar de los escombros a las dos provincias.

Tres años después, la Fiscalía investiga el destino de esos recursos, parte de los cuales, al parecer, fue usada para financiar campañas políticas, mientras aún faltan hospitales y miles de familias viven en el abandono. ¿Dónde está la plata? El país espera respuestas, porque el sacrificio de todos no puede haberse esfumado de la noche a la mañana.