El espacio en el que está ubicado el muelle de la isla Mocolí, en La Puntilla, y que iba a convertirse en un retén naval no será cedido al personal de la Capitanía del Puerto de Guayaquil, tal y como -según su comandante- estaba previsto.

La razón es una supuesta confusión que se generó con relación a los compromisos que adquirió el Municipio de Samborondón respecto al apoyo que daría a la Armada para la realización de los patrullajes.

“El alcalde ha cumplido con todo lo ofrecido. En la primera reunión que tuvimos, la Armada nos dijo que no tenían dinero para patrullar y nosotros ofrecimos los motores, el mantenimiento y que puedan desembarcar en Puerto Mocolí cuando lo necesitaran, pero no que se convierta en un cuartel naval”, precisa el coronel (sp) Jaime Jara, jefe de seguridad ciudadana del Cabildo.

Sin embargo, luego de aquella reunión el comandante José Marcos Vaca, capitán del Puerto de Guayaquil, dijo que la conclusión de la cita había sido la adecuación del muelle para que la patrulla fluvial permaneciera en el sitio.

“La presencia de un nuevo retén naval en isla Mocolí permitirá la presencia de tripulantes patrulleros y una lancha que tendrá como jurisdicción todo el sector navegable del área y colaborará con cualquier emergencia cercana”, dijo a EXPRESO el 30 de agosto.

Un hecho que fue confirmado por el alcalde Yúnez el día de la entrega oficial de los dos motores que se instalaron en las lanchas de la Marina y que fue publicado por este Diario el 13 de septiembre.

“Lo que el alcalde quiso decir es que nosotros construimos un galpón para no tener que estar yendo hasta el cuartel y regresar. Entonces la idea era adecuar ese galpón. De ahí para retén no, porque el muelle de Mocolí es privado”, enfatiza el mayor Pancho Hansen-vik, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Samborondón.

Jara menciona que esperan reunirse con la Armada en las próximas semanas para hablar sobre el tema y que, si ellos desean, puedan utilizar el sitio cuando lo requieran. Además para aclarar el tema de la deuda con el proveedor que instaló los motores en los botes. “Sabemos que se debe $ 3.000 del arreglo de los cascos en las lanchas, pero no podemos entregar el dinero si no se firma el acuerdo de mutua colaboración y servicios que nosotros les enviamos hace cuatro meses”, precisa el jefe de seguridad.

Además, Jara enfatiza que miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía patrullan las riberas de los ríos, lo que ha permitido la disminución de un “70 % de los asaltos a viviendas. Por lo que no es necesario tener un retén naval en el lugar”.