- No es común ver al procurador actuar en demandas internas, ¿por qué decidió asistir para litigar en la acción de protección del caso Assange?

- Me parece que era un caso importante en el que había que mostrar que el Estado ecuatoriano está monolíticamente unido. El canciller José Valencia y el procurador estuvieron en una posición conjunta y clara sobre el respeto del derecho del señor Assange a la luz del derecho de asilo, pero también sobre ciertas obligaciones que a él le corresponden asumir.

- Es decir, ¿su presencia no será extraña en estos casos y otros casos que involucren al Estado?

- Sí, porque nos encontramos en un momento serio de la vida del país en el que es importante que esta institución y las demás autoridades asumamos nuestra responsabilidad, por ejemplo, frente a los casos de corrupción. Si no hubiera sido porque la audiencia del caso Assange se extendió más de lo previsto habría asistido a la audiencia en la que se pidió la prisión para Fernando Alvarado para insistir en la aplicación de medidas.

- ¿Cómo cayó la demanda planteada por la persona a la que el Estado ha protegido seis años?

- El Estado no puede molestarse ni sorprenderse por el uso de acciones legales para defender los derechos. Si el señor Assange creía que sus derechos han sido vulnerados estaba facultado de iniciar esas acciones. Eso desde el punto de vista legal. Desde la óptica del ecuatoriano común, creo que muchos piensan que es un acto de ingratitud de quien se le ha protegido y ha dado una acogida que no ha sido barata.

- ¿Por qué hubo la necesidad de crear un protocolo para Assange luego de seis años de asilo?

- Porque luego de tanto tiempo de asilo en la embajada se hacía necesario establecer unas normas básicas, tomando en cuenta que durante los seis años previos él había campeado a sus anchas en el local de una entidad pública ecuatoriana. Además, ya había otros protocolos tácitos desde antes.

- Pero esos protocolos no incluían la advertencia de que el incumplimiento podría significar el fin del asilo.

- Este es un tema básico de teoría del derecho: si uno impone unas normas y no tienen una sanción o advertencia de sanción, las normas no se cumplen y eso lo hemos visto en la embajada de Ecuador en Londres. Existía un protocolo no dicho, habían incluso ciertas imposiciones del Estado ecuatoriano pero el señor Assange las venía incumpliendo.

- ¿Declarar el fin del asilo pondría en peligro la vida de Julian Assange?

- La obligación que tiene el Estado es no entregarlo a un país en donde su vida corre peligro. Pero entregarlo al Reino Unido no representa un peligro para la vida de Assange. Hemos hecho varias consultas y nos han afirmado que no será extraditado a ningún país en el que se aplique la pena de muerte y que si se entrega a las autoridades británicas la máxima pena que le impondrían es de seis meses de prisión. Por eso le hemos puesto las dos opciones: o se entrega a las autoridades británicas o cumple el protocolo.

- ¿Son los únicos dos caminos que quedan luego de varios experimentos fallidos?

- Son las soluciones que desde un inicio debió plantear el Estado ecuatoriano. Este tema de la naturalización y de los cargos diplomáticos fueron una salida imaginativa, pero a claras luces infructuosas y condenadas al fracaso porque los británicos no iban a dar su brazo a torcer.

- La defensa dice que el protocolo es rígido, ¿cuántas oportunidades se le dará a Assange antes de cumplir las advertencias?

- Creo que más que flexibilidad en cuanto al número de violaciones va a haber flexibilidad en cuanto a la aplicación de algunas de las normas. Por ejemplo, el canciller me ha confiado que el Ecuador podría considerar seguir pagando algunos gastos que genera, si no está en la posibilidad en asumirlos. Eso será a pedido expreso de él, previa demostración de que no puede asumir los costos.

- Assange habló de un giro de Ecuador hacia Estados Unidos, incluso de fuentes internas que le informarían lo que habla el presidente Lenín Moreno sobre su caso, ¿hay inquietud?

- No me he puesto a pensar en eso, lo que me molestó es que el señor Assange estaba siendo completamente impertinente porque lo que hablaba no tenía relación con la acción de protección. Contó una historia de un complot en el que todo el mundo está en su contra, porque él es el centro del universo.

- ¿Se revisará el proceso que se siguió para naturalizar como ecuatoriano a Assange?

- El canciller ha informado que hay una auditoría de gestión de ese procedimiento en Cancillería. Ahí se establecerán responsabilidades administrativas e incluso penales. En función de eso habrá que iniciar los procesos para sancionar a los responsables y revertir la situación si hay irregularidades.

- En otros temas, ¿cuántos procesos enfrenta el Estado ecuatoriano a nivel internacional actualmente?

- Tenemos 17 arbitrajes de inversión de los cuales cuatro siguen activos y dos juicios en jurisdicción extranjera vinculados, sobre todo, con la recuperación de activos del salvataje bancario. Pero aparte de esto, la Procuraduría maneja, en tribunales nacionales, 98.000 juicios activos, en algunos actuamos solos en representación del Estado y en otros acompañamos el proceso que llevan adelante entidades demandadas.

- Al inicio de su gestión anunció que renegociaría los honorarios de abogados contratados por el Estado para defender al país en el exterior, ¿hay avances?

- La renegociación está en curso y se ha logrado ventajas importantes que espero le representen al país ahorros de entre dos y tres millones de dólares al año con la mayor parte de estudios jurídicos. A finales del mes viajaré a entrevistarme con los estudios jurídicos contratados en Europa para lograr algunas ventajas. Calculemos que el presupuesto de la Procuraduría en honorario de abogados es de alrededor de $ 22 millones, cuando como institución el presupuesto es de cerca de $ 50 millones: es el 50 %.

- ¿En qué momento se encuentra el caso Chevron?

- Presentamos al propio Tribunal Arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje una solicitud de interpretación del laudo porque no es claro con relación a ciertos aspectos. El 29 de noviembre, el Tribunal emitirá su resolución sobre esa solicitud. Ese mismo día tendremos que presentar la demanda de nulidad del laudo arbitral ante los tribunales de los Países Bajos y dará inicio a un proceso que probablemente se prologue durante un par de años.