Es la punta del ovillo. La investigación de la supuesta corrupción de la firma Caminosca tiene un elemento clave: el laudo del arbitraje entre esa empresa, de origen ecuatoriano, y la australiana Cardno, revelado por EXPRESO el 13 de febrero, que se desarrolla en Estados Unidos.

La Fiscalía General, que lleva el caso, pidió su traducción para incorporar el documento a su investigación.

Este Diario conoció que el 24 de julio, la Fiscalía pidió a Esteban Albornoz, exministro de Energía y asambleísta de PAIS que ha sido señalado en el caso por la Comisión Ciudadana Anticorrupción, que certifique si las copias simples del laudo que él presentó son las mismas que mostró el vicepresidente Jorge Glas en su versión. El pedido de la Fiscalía sirve para realizar los trámites administrativos internos para su traducción.

Glas, Albornoz y ahora la Fiscalía no son los únicos que utilizaron dicho laudo. El 6 de julio, la Comisión Anticorrupción presentó una denuncia en contra del vicepresidente y el ahora asambleísta. Las dos autoridades restaron validez al documento por considerarlo “incompleto y mutilado”.

La oposición está en el polo opuesto. Como la Comisión Ciudadana, la asambleísta de CREO, Jeannine Cruz, también ve relevancia en el laudo. Ella señaló que si el texto “no tiene valor, ¿por qué se preocupan?”. Cruz insiste en que Caminosca trabajó con Odebrecht y por eso, “todo tiene conexión”.

Glas y Albornoz aseguraron que en el laudo no se señalan responsables ni se ha probado la presunta entrega de sobornos por parte de Caminosca. Darwin Seraquive, abogado de la Comisión, reconoció que el Tribunal de Arbitraje de Miami concluye que hubo “pagos ilegales, pero no determina responsabilidades porque no es su trabajo”.

Los comisionados ya reconocieron la firma de la denuncia y serán citados próximamente para rendir una versión en la Fiscalía. Ellos recordaron que el litigio entre la australiana Cardno y Caminosca nace porque la primera empresa encontró, luego de comprar las acciones de la segunda, presuntos pagos irregulares a funcionarios públicos del Ecuador por alrededor de 3,3 millones de dólares

Calvopiña dio su versión por el caso Odebrecht

Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador, enjuiciado por presunta delincuencia organizada, fue llamado a la Fiscalía por el caso Odebrecht.

La fiscal Diana Salazar recibió su versión sin juramento, la tarde de ayer.

El objetivo de la convocatoria, según Pablo Encalada y Nicolás Salas, abogados de Calvopiña, fue que se aporte con información del proyecto Pascuales-Cuenca, suscrito entre el Estado y la constructora brasileña.

Encalada recordó que quien suscribió ese contrato fue Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador. Él recibió un poder otorgado por Calvopiña.

La disposición para la entrega del poder para impulsar las fases precontractual y contractual del proyecto fue del Directorio de la estatal, agregó.

Nicolás Salas ratificó que ese poder no fue “por un capricho”, sino por la disposición de un órgano superior conformado por representantes del Ejecutivo, Senplades, entre otras entidades que eran las que decidían la adjudicación.

Las versiones en este caso continuarán hoy. Para mañana fueron llamados Rafael Poveda, exministro coordinador de Sectores Estratégicos, y Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador.

El expediente hasta ayer ya sumó 84 carpetas. Además de los chats que aparecen en la delación del colaborador de Odebrecht, hay certificados de las transferencias de recursos a las empresas offshore que entregó la constructora.

MCV

El dato

3,3 millones de dólares habría entregado Caminosca en supuestas coimas, según la denuncia de la Comisión Anticorrupción.