Si su presente ya era una cuestión del azar, su futuro es más impredecible. La decisión de la Corte Constitucional (CC) de destituir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tomó tan por sorpresa que no hay certeza de quiénes integrarán el organismo, y lo que parecía una salida se ha convertido en un nuevo embrollo.

En la Asamblea Nacional, que es la que debe posesionar a los suplentes que ahora asumirán la titularidad, hasta ayer no había una lista de a quiénes se debería convocar. Su presidente, Virgilio Saquicela, señaló que analiza en detalle la sentencia. Han pedido certificaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE) de quiénes están de candidatos al propio Consejo de Participación y a otras dignidades y luego de ese análisis tomarán una decisión.

¿Podrían no posesionar a ningún suplente más debido a la cercanía de las elecciones? “No descartamos absolutamente nada, está supeditado a un análisis que realicemos desde la presidencia de la Asamblea”, señaló Saquicela, agregando un ingrediente más a la agonía de este organismo.

En el CPCCS, el saliente presidente Hernán Ulloa, tampoco tenía el “cálculo” de a quiénes les corresponde llenar las vacantes. “El análisis de si existe banco de suplentes para poder posesionar e integrar al CPCCS debió ser previo a emitir la resolución (de destitución) por parte de la Corte Constitucional. Se debió analizar si existían las personas para poder posesionarse e integrar el organismo colegiado. En un acto de prudencia, se debió analizar esta situación antes de tomar la medida más radical. Eso está ahora en manos de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional”, expresó.

Si el CPCCS sufría de principios de acefalía desde el 2 de enero, que fue la última reunión en la que los cuatro consejeros de mayoría coincidieron y no pudieron elegir al representante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) al Consejo de la Judicatura (CJ), ayer quedó ratificada la decapitación.

De la lista de hombres a quienes les correspondería tomar posesión es a Carlos Figueroa, Aland Molestina (que confirmaron su predisposición a EXPRESO) y Teddy Tama. Este último, sin embargo, es candidato nuevamente al Consejo de Participación Ciudadana en las elecciones del 5 de febrero. El siguiente en la lista es Mauricio Gallardo.

La opciones de la lista de mujeres están más ajustadas. De las 11 candidatas que se presentaron a las elecciones de 2019 cuatro han sido destituidas; la quinta, Mónica Moreira, es candidata nuevamente al CPCCS; la sexta; Karina Ponce, renunció a la suplencia; y Gina Aguilar es la única suplente posesionada.

Luego de ella se ubicó, en los resultados electorales, Joba Fon Fay, quien falleció y a quienes les correspondería ser convocadas por la Asamblea Nacional es a Graciela Mora, que en su momento contó con el respaldo del correísmo y Marlene Montesinos para completar la cuota de mujeres en el CPCCS.

De la lista de Pueblos y ecuatorianos en el exterior no hay más opción que Olindo Nastacuaz (que ya está posesionado), porque Rosa Chalá y Francisco Bravo son parte de los destituidos del organismo en estos cuatro años y Jaime Chugchilán pidió no ser tomado en cuenta para la posesión como suplente por un problema legal que lo tiene fuera del país.

La destitución también tiene en vilo a cinco de los siete cesados que buscan la reelección. Ellos son Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo, Juan Dávalos, Fernanda Rivadeneira y David Rosero.

Según el abogado constitucionalista, Esteban Ron, la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) señala que los funcionarios destituidos no pueden reingresar al sector público en dos años y jamás podrán volver a la entidad de la que fueron cesados, por lo que de ganar no podrían posesionarse.

Rosero, sin embargo, argumentó ayer que la sentencia de la Corte Constitucional no les retira los derechos políticos, por una parte, y que esta norma no aplica para los dignatarios elegidos por el voto popular y dice que hay precedentes de aquello.

Los concursos de selección pueden toparse con obstáculos

Si bien las comisiones ciudadanas de selección de autoridades están conformadas y en funcionamiento, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cree que con la destitución ordenada por la Corte Constitucional (CC) los concursos corren peligro.

El exfuncionario puso un ejemplo. Dijo que en el concurso para Defensor Público están a puertas de que se apruebe la auditoría del sistema informático para las preguntas que elaborarán los catedráticos para los aspirantes. 

“Eso implica un gasto y si no existe un administrador que dé el visto bueno, simplemente ese proceso queda paralizado. Por eso es importante la conformación del organismo colegiado”, aseguró.

En diálogo con EXPRESO, Gina Aguilar, la única suplente que ha acudido a las últimas convocatorias del CPCCS, antes de la remoción, dijo que por la falta de quorum tampoco se han podido aprobar veedurías ciudadanas y conocer informes importantes sobre el control social.