Justicia a la carta
Cuando el país escuchó decir al presidente que metería las manos en la Justicia, presumimos que esa crudeza verbal solo era una metáfora mal traída que guardaba buenas intenciones. Después de todo, la administración de Justicia siempre ha requerido de correcciones. Pero lo cierto es que realmente metió sus manos y el tiempo se encargó de hacernos conocer un deterioro mayor de la Justicia, además de algunos lapsus presidenciales que han movido al asombro y al estupor. La historia de la administración de Justicia desde tan alucinante afirmación, ha generado en la ciudadanía un hondo escepticismo sobre su idoneidad, mientras muchos de sus actores (jueces, fiscales e incluso abogados) cumplen con el sainete intentando aparecer puros, aseados, inocentes, inmunes a la estupidez, libres de servilismo, inflexibles ante el delito (si es denunciado por el Gobierno), o ciegos, sordos y mudos ante las defecciones gubernamentales (si la denuncia procede de cualquier otro ámbito). Simplemente juzgan a “los demás” como culpables del estado de vergüenza que vivimos.
Nuestro país se hunde en el desprestigio, enquistado en una administración de Justicia sometida al Gobierno, y resulta paradójico que la fama que algunos de sus actores han adquirido, se deba a las inconsistencias éticas que terminan brotando. Se podría afirmar que a mayor fraudulencia en cada caso, mayor fama para sus actores. Luis A. Martínez (A la Costa) describía la carrera como la ciencia de la ocultación de la Justicia y García Moreno creía tener razón al rechazar la designación de defensor de oficio en un caso, afirmando que le sería más fácil asesinar que defender a un asesino. Nietzsche nos describía como pícaros patrocinadores de nuestros prejuicios bautizados como verdades, y hasta Shakespeare, a través de un personaje de una de sus obras, sugería que nos mataran a todos. Correa embistió contra los abogados que también ejercen el periodismo y está visto que no necesitó de ningún abogado para manejar exitosamente sus casos personales, que acarrearon condenas para sus perseguidos y le depararon cuantiosas indemnizaciones para su bolsillo: le bastaba una que otra sabatina y asistir a las audiencias acompañado de buena parte de su gabinete y de la intimidatoria fuerza pública. Las millonarias cifras que él demandó fueron parte de las decisiones judiciales y brindaron la oportunidad para que un presidente demagogo se portara magnánimo con algunas de sus víctimas.
¿Cómo encaja el caso FIFA en este espectro ? Miramos con suspicacia las intervenciones del fiscal general, ligadas siempre a los intereses gubernamentales. Es un fiscal oficioso y diligente al servicio del Gobierno, como lo describe Osvaldo Hurtado. Un fiscal que, para sorpresa de todos, conceptúa nulo ese proceso por la ilegal participación de la abogada contratada por el encausado. Se volvería a fojas una para beneficio de quien habría provocado la inexistente nulidad. La conducta del fiscal nos hace presumir que al Gobierno le interesaría proteger al presidente de la Federación de Fútbol del Ecuador, involucrado en un asqueroso manejo de dineros que cometió un impresionante número de dirigentes del fútbol sudamericano, casi todos confesos y más de uno ofreciendo devolver los dineros sustraídos. Mi compañero editorialista Byron López dejó en claro que es ilegal la nulidad procesal argüida por el fiscal para salvar al encausado. Repugna a la moral que quienes invocan la nulidad sean los autores de esa inventada causal y pretendan beneficiarse con ella. Extraña también que sean más de 300 los abogados incursos en la irregularidad o falsedad de sus registros y que solo se haya entresacado el nombre, ¡oh coincidencia!, de la abogada defensora del encausado, ofreciéndose muy suelta de huesos para inmolarse, cual Juana de Arco, en favor de su cliente. Entre tanto, nada ha informado la Fiscalía sobre las obligadas medidas que debió tomar ante esa superchería ni las concernientes a los trescientos y más abogados enlistados en tales falsedades. Ellos integran un verdadero batallón, cuya intervención en los procesos judiciales, bajo la inadmisible teoría del fiscal general, constituirá un buen negocio para quienes deseen beneficiarse con estas singulares y ficticias nulidades. Un nuevo rubro de corrupción se habría incorporado al menú.
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