Una acción de hábeas corpus permitió que el segundo cabecilla de la organización criminal Los Choneros recupere su libertad, al atardecer del martes 14 de febrero de 2023, justo en el Día de San Valentín.

En dos meses, esta fue la segunda ocasión que, de forma oficial, Junior Alexander Roldán Paredes, alias JR, salió del Centro de Privación de Libertad 4, conocido como cárcel Regional, cuya ubicación es el kilómetro 17 de la vía a Daule, en las afueras del norte de Guayaquil.

En redes sociales, usuarios reportaron que antes de ingresar al cantón El Triunfo (Guayas), la noche del martes 14 de febrero, Junior Roldán fue sorprendido por un operativo policial, del que habría salido librado sin ningún inconveniente, para continuar hacia su destino.

Sin embargo, la mañana de este miércoles 15 de febrero de 2023, el ministro del Interior, Juan Zapata, publicó en Twitter que "luego de efectuarse la liberación de 10 PPL y de alias 'JR', por orden de un juez, varios vehículos pasaron por el control policial, los ocupantes procedieron a relucir armas de fuego y realizaron disparos que dejaron a dos servidores policiales heridos".

También detalló que luego de eso se habría iniciado una persecución que llevó a la detención de un sospechoso, quien presuntamente portaba un fusil, una subametralladora, municiones y un celular, entre otras evidencias.

En redes sociales circuló también un vídeo en el que se observa a JR de pie junto a un vehículo mientras agentes de la Policía Nacional hacen un control.

En las imágenes no se observa violencia. No se ha precisado si ese control fue antes o después de que se ejecutaran los disparos señalados por el ministro Zapata.

La primera vez que Roldán recuperó su libertad, tras supuestamente cumplir con los requisitos para seguir con el resto de su pena en un régimen semiabierto, fue el 15 de diciembre. Ese día, en la vía a Salitre, en la parroquia La Aurora, de Daule, hubo un presunto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, lo que llevó a la detención de 'JR'.

Sin embargo, luego de la investigación se determinó que no se configuraban pruebas para llamarlo a juicio por el delito que fue procesado: tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.

El fiscal Julio Sánchez, a quien había llegado el expediente, no lo acusó por la presunta falta de elementos y porque las armas que en un inicio se sospechaba que eran ilegales, pertenecían a una compañía de seguridad y estaban registradas.

Tras ese suceso, el presidente de la República, Guillermo Lasso, pidió la detención del funcionario, quien se ha tenido que defender desde la clandestinidad.