Con algo más de 60 pruebas documentales y al menos 30 testimoniales se prevé que se desarrolle la etapa de sustanciación del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional.

Hasta la medianoche de este 16 de abril de 2023 los legisladores de la Comisión de Fiscalización pueden solicitar pruebas de oficio. El mismo plazo tiene la defensa del mandatario para presentar sus descargos. Sin embargo, el presidente envió un oficio con las pruebas el viernes pasado, pero las oficializaría hoy.

Lo que más se ha presentado hasta el momento son pruebas de oficio, de parte de los integrantes de Fiscalización. Los proponentes del juicio político apenas entregaron 11 pruebas documentales.

Pedro Velasco, que es integrante de esa mesa legislativa, mostró su inquietud por la cantidad de pruebas de oficio que se han solicitado, porque este es un recurso que se usa para aclarar si alguna acusación presentada por los proponentes del juicio político deja dudas.

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“Aquí las pruebas de oficio son más que las mismas pruebas que las entregadas por los que firmaron la solicitud de juicio político (...) están pidiendo pruebas que los proponentes no las pudieron incorporar y, seamos honestos, el mecanismo que han encontrado es que a través de los comisionados (de Fiscalización) están solicitando pruebas. Es clarísimo”, dijo Velasco.

Una vez que concluya esta fase, la Comisión de Fiscalización se reunirá, mañana, para aprobar el cronograma de comparecencias, las mismas que se deberán desarrollar durante diez días, por lo que se espera un calendario ajustado para los testimonios. Entre los llamados están el contralor, Carlos Riofrío; la fiscal General, Diana Salazar; y gerentes y exgerentes de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Piden cambio a la Ley que rige a la Asamblea

En la Asamblea Nacional se plantean reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en relación a los juicios políticos, en general.

El asambleísta Pedro Velasco dijo que en estos dos años de ser parte de la Comisión de Fiscalización ha detectado que la norma presenta vacíos en algunos temas.

Por ejemplo, en el retiro de firmas de los asambleístas que en un inicio apoyan el llamado a un juicio político. También cuando quienes se presentan como interpelantes de un momento a otro desisten de continuar con el proceso.

“El retiro de firmas no debe ser permitido cuando ya pasa a la Comisión de Fiscalización. Debe ser antes de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique”, señaló.