El informe del juicio político en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) determinó que sus siete integrantes si incumplieron funciones.

Este 7 de noviembre de 2022 se conoció el borrador del documento que será debatido y votado el 8 de noviembre por la Comisión de Fiscalización.

También, se recomienda que el documento sea remitido a la Fiscalía General del Estado ya que, de las comparecencias y versiones recogidas por la mesa legislativa, hay indicios de responsabilidad penal por presunta “ausencia de transparencia” en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial.

El proceso fue abierto en contra del presidente del CPCCS, Hernán Ulloa; la vicepresidenta, María Fernanda Rivadeneira; y los vocales Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, que conforman la mayoría del organismo.

Pero también, en contra de los consejeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Dávalos que son parte de la minoría.

A los primeros, en el borrador, se les acusa de arrogarse funciones en la aprobación de las reformas al reglamento para elegir al titular de la Contraloría General del Estado.

A los segundos, más Estupiñán, que era parte de la anterior mayoría, se les cuestiona por la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo o la designación de César Córdova como defensor del Pueblo.

El asambleísta, Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización reconoció que esa es la recomendación que hace el borrador, pero que recién el 8 de noviembre se conocerá si hay los votos para pedir la censura y destitución de todos o algunos de los integrantes del CPCCS y eso será enviado al Pleno, que tendrá la decisión final.