Ecuador vive semanas de tensión por la crisis de gobernabilidad que trata de sortear el régimen de Guillermo Lasso, ante los intentos de destituirlo por parte de sectores políticos, como el correísmo, fracciones del movimiento indígena y otros actores de oposición.

Ese escenario parece estar cada vez más cerca tras el dictamen de la Corte Constitucional (CC) que el miércoles 29 de marzo dio luz verde al proceso de juicio político que planteó un grupo de asambleístas: se registraron seis votos a favor y tres votos salvados, de los nueve jueces, en sesión extraordinaria. 

Una mayoría de la Asamblea Nacional impulsa el juicio político en contra del mandatario. Lo acusa de haber incurrido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución Política del Ecuador:

"La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros, en los siguientes casos:

1. Por delitos contra la seguridad del Estado.

2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

El bloque de asambleístas de la Unión por la Esperanza sostiene que la acusación por peculado -que fue admitida por la CC- está relacionada con supuestos hechos de corrupción en la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). La acusación también se desprende de una investigación que realizó el asambleísta Fernando Villavicencio. En un tuit, el legislador publicó la frase: "Un caso de corrupción en Flopec que data desde el gobierno de @MashiRafael (Rafael Correa)".

En el caso de que Lasso sea censurado y, con ello, destituido, asumirá automáticamente el cargo el vicepresidente Alfredo Borrero, quien ha expresado públicamente su apoyo al primer mandatario.

Según la constitución, para iniciar el juicio político, se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional y no será necesario el enjuiciamiento penal previo.

Una vez que se cuenta con la venia de la CC, la Comisión de Fiscalización, por pedido del Consejo de Administración Legislativa (CAL), tendrá 30 días para presentar un informe en el que se resuelve si se recomienda o no el enjuiciamiento político en el Pleno del parlamento.

"Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Si de la censura se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente", se lee en el artículo 129 de la Constitución.

La mañana de este viernes 31 de marzo, el CAL tenía previsto conocer y resolver el dictamen de la CC.