La últimas semanas han sido determinadas por una intensa agitación legal en el país. La solicitud de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glas y la moción de censura contra excontralor Carlos Pólit han sido el centro de todas las miradas.

Pero, ¿qué es un juicio político?

Es un proceso de orden constitucional que tiene como fin hacer efectivo el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos por un mal desempeño de sus funciones.

A diferencia de un juicio penal - explica el abogado guayaquileño Jorge Ortega- el juicio político requiere el dictamen de la Corte Constitucional para la destitución del cargo de un alto funcionario público, mientras que en el penal, tiene como fin sancionar con prisión el delito que este funcionario pudiera haber cometido.

Para dar inicio a un juicio político, se requiere ingresar la solicitud correspondiente. Dicha petición debe estar respaldada por toda la evidencia documental disponible.

Luego el Presidente de la Asamblea la pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos, la remitirá a la Corte Constitucional para el dictamen de admisibilidad. De ser aceptado el pedido, se lo deberá poner nuevamente en conocimiento del CAL para oficialmente dar inicio al trámite.

Según el artículo N°29 de la Constitución del Ecuador, se podrá proceder al enjuiciamiento político en los siguientes casos:

1. Por delitos contra la seguridad del Estado.

2. Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.

Una vez presentadas las pruebas de descargo por el acusado, la Constitución establece que las diversas causales deben presentarse a solicitud de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional.

Aunque para proceder con un juicio político no es necesario el enjuiciamiento penal previo, en caso de que el proceso derive en responsabilidades penales, se deberá poner el asunto en manos de un juez, agrega Ortega.

Algunos casos destacados en el Ecuador

1997. Abdalá Bucaram fue el primer presidente de la República destituido en un juicio político. Fue acusado de incapacidad mental para ejercer su cargo al frente de la presidencia.

2010. Washington Pesántez fue llamado a juicio político por un bloque liderado por la asambleísta María Paula Romo, bajo las acusaciones de incumplimiento de funciones y responsabilidades específicas dentro de la etapa preprocesal y procesal penal entre otras causas.

2011. Gloria Sabando, durante su desempeño como superintendenta de compañías fue acusada de negligencia en el ejercicio de sus funciones, por el entonces asambleísta oficialista Rolando Panchana.