El caso de la acción de protección que la jueza suspendida de la Unidad de Violencia, María Belén Domínguez, concedió de forma parcial al alcalde de Quito en disputa Jorge Yunda sigue pasando factura.

Al expediente administrativo abierto por el Consejo de la Judicatura en el que Domínguez es una de seis investigados, se sumó una posible acción penal. 

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, pidió a la Corte Provincial de Pichincha que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra la jueza María Belén Domínguez por el presunto delito de tráfico de influencias. 

El pedido de Yunda fue ingresado no como acción de protección sino como un caso de posible violencia contra la mujer y fue conocido por la jueza. Según el Consejo de la Judicatura, en el sorteo de ese y de un pedido de medidas cautelares con los que Yunda evitó que su remoción resuelta el 3 de junio, quede en firme.

Durante las investigaciones se evidenció que una posible red habría alterado los sorteos. Para ello utilizaban los usuarios y claves de judiciales de otras dependencias en los ingresos. Lo denunció Gabriela Beltrán, cuyo usuario en el sistema Satje habría sido usado de forma irregular.