Tras la audiencia de formulación de cargos contra Pablo Romero, y otros tres implicados, instalada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se dictó prisión preventiva para el extitular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Así lo decidió este lunes 3 de diciembre de 2018 el juez Luis Enríquez, quien dispuso que las otras tres personas involucradas —Cecilia Santillán, Walter Olalla y Jorge Garzón— deberán presentarse cada 15 días en la Corte del Guayas.

Además, el magistrado impuso la prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas de los cuatro procesados, a quienes se acusa por mal uso de fondos públicos en la Senain.

El presunto perjuicio es de 100.000 dólares no justificados para una fuente humana en la operación Caminito, sobre la que la fiscal general del Estado, Ruth Palacios, dijo existiría información falsa.

“Lo que se ha explicado es que hubo una operación denominada El Caminito, en la que al parecer —dentro de lo que tenemos en los primeros elementos— hay información falsa y en base a información falsa se ha invertido dineros públicos y por ello estamos iniciando la instrucción por el delito de peculado”, indicó Palacios.

Además, la fiscal explicó que ese monto se habría destinado a la paga de un informante “cuya identidad está en duda”.

Al ser cuestionada acerca del objetivo de esta operación, Palacios dijo que aparentemente se reclutó a un hacker para vigilar los sistemas de seguridad del país, que habrían estado siendo supuestamente vulnerados.

Esto —explicó— al haberse accedido a claves tanto del presidente y vicepresidente como funcionarios del Gobierno, “lo que implicaba un supuesto peligro para la seguridad nacional”.

Sin embargo, “no está comprobado que se haya entregado el producto ni tampoco que se haya contado con un informante”, manifestó.