El juez Iván Saquicela aceptó la solicitud de medidas cautelares de la Fiscalia General del Estado para Sofía Espín y Yadira Cadena.

Juez acepta pedido de medidas cautelares para Espin y Cadena

La audiencia de formulación de cargos contra Sofía Espín y Yadira Cadena se instaló la mañana de este jueves 27 de septiembre de 2018. Ambas son acusadas de oferta de tráfico de influencias en el caso Balda.

La audiencia de formulación de cargos contra Sofía Espín y Yadira Cadena se instaló la mañana de este jueves 27 de septiembre de 2018. Ambas son acusadas de oferta de tráfico de influencias en el caso Balda.

La fiscal general subrogante Maribel Barreno llevó la formulación de cargos en contra de la exsambleísta Espín y la abogada Cadena; Iván Saquicela, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la dirigió.

El abogado Harrison Salcedo defendió a Espín, en una diligencia a la que no se presentó su clienta; mientras que Cadena sí llegó a la audiencia.

Tanto la exlegisladora como la magistrada son investigadas tras realizar una visita a Diana Falcón, testigo protegida y procesada por el caso de secuestro al activista político Fernando Balda en 2012, en el que también se ha vinculado al expresidente Rafael Correa.

El encuentro con la exagente de Inteligencia tuvo lugar en septiembre pasado, en el centro de rehabilitación social femenino de Quito. Allí le ofrecieron, entre otras cosas, asilo en Bélgica con la condición de que cambiara sus declaraciones que apuntaban al exmandatario, según denunció ese mes el abogado de Falcón, Diego Chimbo.

Durante la sesión de este jueves, Barreno solicitó la prohibición de salida del país y presentación periódica tanto para Espín como para Cadena; a lo que la defensa de la exlegisladora respondió pidiendo que la asistencia sea cada 15 días y no cada 8 como solicitó la Fiscalía General del Estado.

Por su parte, Cadena —quien actualmente realiza un posgrado en Colombia— no se mostró de acuerdo con la prohibición de salida del país.

Sin embargo, el juez Saquicela ordenó el inicio de instrucción fiscal de 90 días, así como la aplicación de las medidas solicitadas por la Fiscalía.