La Judicatura suspende al juez provincial indagado por posible enriquecimiento ilícito
El judicial no se encontraba en funciones. Tiene una licencia médica por ser uno de los servidores contagiados por COVID-19, indicó a este Diario
La Judicatura suspendió al juez de la Corte de Pichincha Henry Cáliz a quien la Fiscalía le formuló cargos este miércoles por presunto enriquecimiento ilícito. El anuncio lo hizo la presidenta del organismo María del Carmen Maldonado en su cuenta Twitter.
"En razón de los hechos de conocimiento público sobre presunto enriquecimiento ilícito del Juez de la Corte Provincial de Pichincha, H.C., informo al país que he dictado medida cautelar de suspensión", escribió la funcionaria. El juez Cáliz fue notificado la mañana de este jueves 30 de julio.
En razón de los hechos de conocimiento público sobre presunto enriquecimiento ilícito del Juez de la Corte Provincial de Pichincha,H.C., informo al país que he dictado medida cautelar de suspensión,con el fin de precautelar el servicio de justicia mientras el servidor es indagado
— María Del Carmen Maldonado Sánchez (@PresidentaCJ) July 30, 2020
Él no se encontraba en funciones. Tiene una licencia médica porque es uno de los judiciales contagiados por COVID-19, según indicó a EXPRESO. El funcionario no hizo mayores comentarios sobre el anuncio. Soló señaló que es facultad del Consejo.
El miércoles el fiscal general subrogante Wilson Toainga presentó en la Corte casi una veintena de elementos de convicción en su contra. Entre ellos citó informes de análisis financieros de los movimientos bancarios del procesado, en los que se detalla que no ha podido justificar 565.394,58 dólares, según reportes de entidades del sistema financiero. Adicionalmente mencionó oficios, memorandos y versiones.
Solicitó la prisión del judicial pero el juez Wilman Terán no acogió el pedido. Dispuso la prohibición de salida del país y que las unidades de Talento Humano del Consejo que remitan un reporte periódico de las labores que desarrolla.
Además ordenó la prohibición de enajenar bienes, retención de cuentas por 565.394,58 dólares. Según expuso su defensa en la audiencia de formulación de cargos, "se encuentran justificados de manera testimonial, contundente y documentada todos y cada uno de los rubros ingresados en la cuenta de mi defendido por un total de 580.965,62 dólares".
Añadió que los recursos provienen de orígenes lícitos. Citó préstamos hipotecarios, quirografarios, bancarios, personales, de tarjetas de crédito y transacciones comerciales por vehículos y bienes inmuebles que dijo se reflejan en versiones, escrituras, contratos y reportes bancarios.
En la audiencia la defensa insistió que la petición de formulación de cargos no tiene sustento alguno, pues no existen elementos suficientes sobre la existencia misma de un delito de ejercicio público de la acción y menos aún de enriquecimiento ilícito.
