Los contratos de consultoría para diseños, fiscalización y construcción de obras, proyectos ejecutados en 17 provincias en la Judicatura, arrojaron novedades.

Una de ellas es el pago de cerca de $ 1,6 millones por productos incompletos, estudios inaplicables e insumos que no sirvieron, en algunos casos, para ninguna construcción.

Ayer en la Contraloría se efectuó la lectura del informe borrador con los resultados provisionales del examen especial practicado al periodo de enero de 2011 a septiembre de 2018. Casi un centenar de personas escucharon los hallazgos con un denominador común: los responsables de aprobar los productos de las consultorías no verificaron que los estudios y diseños estén completos.

En el caso de El Ángel, en Carchi, esa omisión significó el pago de 33.155 dólares por productos inaplicables con ineficientes estudios de suelo, de cimentación. Por tratarse de contratos adjudicados por la emergencia, debían entregarse en 15 días, pero pasaron 2.062 días.

En Manabí, según la auditoría, los administradores que debían aprobar los productos de la consultoría en estudios y diseños para construir las unidades judiciales en cuatro cantones, no tomaron en cuenta que los resultados estaban incompletos o eran inconsistentes.

El resultado fue un pago por 292.301,70 dólares. Debían entregarse los productos en 60 días desde la suscripción del contrato, pero pasaron 1.008 días.

En Francisco de Orellana, bajo el mismo régimen se contrataron diseños y estudios para el edificio judicial. El contrato se liquidó 896 días después de la fecha de inicio del plazo.

En Quito la situación fue más grave. La consultoría que debía efectuar estudios y diseños del Complejo Judicial del norte inició el proceso precontractual sin que el terreno figure en nombre de la Judicatura. Hubo una demora de 580 días para resolver, los estudios tuvieron inconsistencias y un pago de 742.171,50 dólares por productos inaplicables.

La situación no varió en Machala, El Oro. También aquí los estudios y diseños para la construcción del edificio judicial iniciaron sin que el terreno figure en nombre de la Judicatura. Eso representó una erogación de 166.474,88 dólares por los estudios inaplicables. Debía ejecutarse en 60 días y el proceso tomó 1.902 días sin finiquitarse por la falta del terreno.

En la zona sur de Quito se planificó otra edificación. Tampoco tenía legalizado el terreno. Tomó 447 días sin resolver y eso provocó que no se cumpla la entrega de aprobaciones y permisos. El pago fue de 268 025,63 dólares por productos inaplicables. El contrato terminó de mutuo acuerdo después de 1.134 días.

En Esmeraldas el perjuicio fue de 165.004,10 dólares por estudios inaplicables.

El exvocal de la Judicatura Fernando Yávar dijo que desconoce el tema y no puede opinar. No fue notificado del examen porque el pleno no contrata ningún tema. El expresidente del Consejo Gustavo Jalkh declaró que los señalamientos corresponden a administraciones anteriores a la suya. Añadió que serán los directores quienes tengan los detalles y argumentos de defensa.

EXPRESO buscó sin éxito al exdirector de la Judicatura que labora en la estatal petrolera y al expresidente del Transitorio. El actual Consejo ha hecho un análisis de contratos y ha pedido auditorías especiales a la Contraloría.

Obras civiles

Se firmaron ocho convenios de pago para liquidar rubros nuevos no contractuales e incrementos de cantidades de obra, autorizados al margen de la ley. Se analizaron precios unitarios con inconsistencias y sin especificaciones técnicas. Hubo pagos por rubros preliminares por $ 46.661,32 que debían asumir los contratistas.

Otros casos

En la construcción de la Unidad Judicial de Olmedo, en Manabí, se ejecutaron rubros por 175.319,20 dólares en un proyecto que ya no será ejecutado. En la edificación de una unidad judicial en Balsas se hicieron trabajos que no fueron ejecutados según especificaciones técnicas. Hubo un pago injustificado de 79.497,75 dólares.

Fiscalización

Las garantías de los contratos no fueron renovadas y eso impidió la recuperación de los valores en favor del Consejo de la Judicatura. En la fiscalización de la construcción de la Unidad Judicial del cantón manabita Olmedo, al fiscalizador aún le queda pendiente devolver $ 43.596 del anticipo.