La Asamblea Nacional analiza lo que será la nueva Ley de Plusvalía, una iniciativa que pretende cambiar una regulación que ha estado vigente desde el año 1970. Según funcionarios de este Gobierno, el fin no es recaudar sino controlar una supuesta especulación de precios que existe en el mercado inmobiliario.

- En la propuesta anterior de la Ley de Plusvalía, el SRI tenía una participación directa en la recaudación de este impuesto. Con el nuevo proyecto no será igual, ¿cómo queda su actuar?

- El SRI no será el administrador de este impuesto. Debe quedar claro que los únicos beneficiarios serán los gobiernos locales; sin embargo, la norma habla de una colaboración. Allí se establecen normas complementarias para la actualización de los catastros de todos los municipios a nivel nacional, pero para ello se requiere de una ley como la que hoy se propone.

- Desde el punto de vista tributario, ¿qué efectos se buscan con esta nueva norma?

- Hay que entender que esta propuesta (que grava las ganancias excesivas de la venta de inmuebles) ayudará a articular de mejor forma la transparencia de los avalúos de los catastros, para efectos de impuestos locales y para todo tipo de impuesto que grave el incremento patrimonial; es decir, el impuesto a la renta que grava la actividad de compra y venta de bienes inmuebles.

- Se grava una tasa alta: del 75 %. ¿Por qué se dice que no tendrá un fin recaudatorio?

- Si se compara la tarifa actual del 10 % con la del 75 % es un grave error, porque la del 10 % grava toda la ganancia y la del 75 %, solo la ganancia extraordinaria (excesiva). También hay que tomar en cuenta que el impuesto que hoy existe grava la primera venta de las inmobiliarias, constructoras, al consumidor. Con la nueva propuesta se pagará, pero en la reventa de ese inmueble.

- Pero igual habría un efecto para el consumidor final...

- No creo que este impuesto perjudique a quienes compren viviendas, ni a los que ya tenían. Porque no se grava a esos bienes que se adquirieron antes de la vigencia de la ley. Tampoco creemos que afectará las ganancias. Con esta nueva propuesta, un ecuatoriano que tenga una propiedad podrá aumentarle el doble su precio sin tener que pagar ese impuesto.

- Un ejemplo...

- En la página web del SRI (www.sri.gob.ec) hemos puesto a la disposición de la ciudadanía una calculadora para calcular el impuesto a pagar. Por ejemplo, si un ecuatoriano compra una vivienda en $ 100.000 y en 10 años decide venderla hasta en $ 200.000, el impuesto con la nueva propuesta será cero, con la ley actual sería $ 4.250.

- Según la iniciativa, esa ganancia extraordinaria se gravará si esta excede los 24 salarios básicos ($ 8.784), ¿no se debería ampliar ese límite para la vivienda social?

- Hay preocupación por eso, sin embargo estar ganando más del 100 % en una vivienda popular es raro el ejemplo. Sin embargo, es algo que se podría revisar. Es una propuesta válida para estudiarla y ser considerada, pero de ahí a decir que este impuesto es nocivo porque se va a confiscar, mentira.

- Usted, como economista, conoce las leyes de mercado. ¿Cree realmente que esto tendrá un efecto real de control en los precios?

- El vendedor puede decir ‘yo no vendo’, pero al final va a darse cuenta de que el mercado no está dispuesto a pagar el precio que está ofreciendo porque hay un impuesto como castigo por ese abuso. Tarde o temprano reconocerá que el valor no debe ser excesivo sino no venderá la propiedad y tampoco podrá beneficiarse. Hoy, él tiene la decisión, sabe que en el mercado no hay un factor que lo obligue a bajar los precios. Muy pronto tendrá esta nueva herramienta.