Las preocupantes cifras continúan viendo la luz. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, aclaró estadísticas sobre abuso sexual en el Ecuador. Señaló que una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de delitos sexuales, el 25 % en la infancia. El 21 % han sido violentadas por extraños; y, el 79 % por personas del entorno familiar.

Dijo que a nivel nacional en los últimos tres años se han presentado casi cinco mil denuncias, de las cuales se judicializaron menos de la mitad. Hay algo más de mil sentencias: 821 condenatorias y 253 con veredicto de absolución. Las causas, desglosadas en la infografía que acompaña a esta información, son diversas.

Los delitos sexuales en el ámbito educativo llegaron a 714 en los últimos tres años. En el 2015 fueron 296; para el 2016 fueron 220; y, en lo que va del 2017 suman 198.

Jalkh compareció ayer ante la Comisión Ocasional Aampetra, de la Asamblea, que será la encargada de elaborar una propuesta para erradicar el cometimiento de este tipo de delitos en el país.

Para justificar la baja judicialización de los casos Jalkh aludió a “barreras”. El presidente de la Judicatura habló del miedo, la vergüenza y la autoculpabilidad de las víctimas; intereses de las instituciones donde se comete el delito de las familias; procesos administrativos previos a las denuncias y la pérdida de evidencias.

Para deslindar responsabilidades, aclaró que el Consejo ha sido muy riguroso en exigir que se cumpla con el trámite. Por ello, indicó que se ha sancionado a 50 operadores de justicia por manifiesta negligencia, vulneración de derechos, no acudir a las audiencias, retardo injustificado y por error inexcusable.

¿Qué hacer? El presidente de la Judicatura planteó algunas propuestas para que sean tomadas en cuenta por los asambleístas cuando presenten el informe que irá al Pleno de la Legislatura para su tratamiento.

A su criterio se debería reducir el tiempo de la indagación previa de dos años, que es actualmente, a un año; fortalecer la protección de víctimas a cargo de la fiscalía y otorgar el servicio de defensoría para las víctimas. También abrió la posibilidad de que los fiscales puedan dictar medidas de protección en favor de las víctimas, sin necesidad de esperar que la denuncia llegue al juez.