La Comisión de Fiscalización recibió un informe sobre las universidades 'emblemáticas' que dice haber hallado irregularidades en esas instituciones creadas durante el gobierno de Rafael Correa y señala responsabilidades de funcionarios de esa administración. Pero el organismo decidió también incluir a autoridades del régimen de Lenín Moreno. 

La asambleísta Ana Belén Cordero (CREO), vicepresidenta de la Comisión, entregó un informe de mayoría de 226 páginas para que sea debatido y aprobado por ese organismo legislativo. Se trata de una investigación sobre la Universidad Yachay Tech, Regional Amazónica Ikiam, Universidad Nacional de Educación (UNAE), Universidad de las Artes (Uartes) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

La legisladora afirmó haber hallado contratos direccionados, casos de subcontratación a pesar de estar prohibidos por la ley, y elevadas cifras de gastos sin el debido sustento; o cuyos resultados a su criterio no se corresponden con los montos asignados. 

En el caso de Yachay Tech,  por ejemplo, suma más de 6,8 millones de dólares para el pago a docentes y directivos, sin que hasta junio del año pasado existiera una normativa interna que regulara la escala y el pago de los sueldos y remuneraciones. Y que, en el mismo lapso, el pago al personal administrativo triplica el de los docentes, con casi 20 millones de dólares. 

También afirma que pese a los más de 600 millones recibidos, este proyecto cuenta apenas con el 28 % de edificaciones terminadas. Además, que existen 83 glosas en firme contra las distintas directivas que ha tenido la institución.

En el caso de Ikiam, indicó que apenas registra 27 graduados desde su creación; mientras que el IAEN, que es una institución de posgrado, en algunos periodos ha reportado becas hasta para el 80% de sus matriculados, pero apenas tiene una tasa de graduación del 16 %. 

En cambio, destaca la situación de la UNAE, que suma más de 1.500 profesores graduados y una inversión de 58 millones de dólares. 

Entre las recomendaciones, el informe señala responsabilidades de autoridades del régimen de Rafael Correa relacionadas con el manejo de la educación superior y algunas de las universidades; así como a empresas chinas que recibieron contratos direccionados y que, según el informe, no los cumplieron o no lo hicieron debidamente. 

En tanto, legisladores de UNES como María Gabriela Molina, Roberto Cuero y Pamela Aguirre cuestionaron el informe. Los dos primeros incluso plantearon un cambio en el orden del día, que no fue aprobado por el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio. 

Este, sin embargo, sí acogió algunas de las observaciones planteadas por Aguirre, entre ellas el que se había omitido a los directivos del régimen de Lenín Moreno, quienes tras el gobierno de Correa, fueron quienes recibieron las universidades 'emblemáticas' y se encargaron de su manejo.

Aguirre sostuvo que el proyecto de Yachay era a 30 años y no a ocho, aludiendo al periodo de la investigación; resaltó algunos de los logros académicos de la entidad y sus estudiantes en ese periodo; y señalo que un informe de una comisión legislativa no puede establecer la existencia de delitos de tipo penal, sino que eso le corresponde a la Fiscalía. 

Tras más de dos horas de sesión y diversas intervenciones, Villavicencio suspendió la sesión con el fin de que se incluyan los criterios y observaciones de los legisladores al Informe de Cordero y dejó pendiente la fecha de la nueva convocatoria.