Las invasiones y la Ley de Suelos

Las invasiones urbanas que se han dado en los últimos años en las grandes ciudades del país tienen una lógica particular. La mayoría de las veces responden a un complejo proceso de múltiples aristas: económicas, sociales, culturales, políticas, demográficas, ocupacionales y de tráfico de tierras por grupos organizados.

Creer que tales procesos responden solamente a los traficantes de tierras y viviendas de los sectores pobres, que hacen de esto un negocio, no es adecuado. Diversos estudios e investigaciones han demostrado que ellos se producen por múltiples factores.

Urbanistas y sociólogos explican que estos fenómenos, que son constantes en el país, no son producidos por una única causa. Ese simplismo no corresponde a los hechos. Por esto afirmar que la existencia y acción de una superintendencia de uso del suelo evitará las invasiones, es un error.

Esto es precisamente lo que se ha levantado como el principal argumento de sectores del Gobierno y de su líder. Es necesario no abandonar la objetividad para creer que posicionando una idea, que no corresponde a los hechos, se va a justificar una acción inconstitucional. Hay que decirlo hasta el cansancio: las invasiones de espacios desocupados, deshabitados y de fango, en las grandes ciudades del litoral, van más allá de la explicación simplista.

Por ejemplo, una objetiva comprensión de las invasiones cuanto de los múltiples asentamientos urbanos marginales en Guayaquil, desde 1950 al presente, generalmente ha evidenciado situaciones diversas, que se han dado en contextos multicausales.

Desde el primero hasta el último suburbio y barrio marginal, en estos asentamientos irregulares, se reconoce la presencia e incidencia de factores como: crisis económica, abandonos gubernamentales en el campo y carencia de servicios básicos en ellos. También están presentes, en determinados periodos, los efectos negativos producidos por sequías, inundaciones, altas tasas de crecimiento demográfico, urbanización atípica, etc. De ahí que no se pueda ni se deba pensar que “una superintendencia de uso del suelo permitirá evitar futuras invasiones”.

Definitivamente este es un problema complejo que no puede ser visto desde la simple necesidad de justificar la expedición de una ley que distorsiona y viola la autonomía de los municipios en el uso del suelo.