A un lado están los laboratorios y farmacéuticas. Al otro, los intermediarios. A la hora de hacer compras públicas, estos últimos son los más favorecidos por el Hospital del Día Sur Valdivia (en Guayaquil).

En seis subastas inversas realizadas este año, por un monto de $ 2,1 millones, los ganadores siempre han sido personas naturales: Isabel García Córdova, Miryam Fuentes Jara, Karla Bowen Ordóñez, Milton Avilés Arce, Diego Paredes Morales y José Luis Henríquez Núquez.

Sus RUC les permite realizar actividades como “venta al por mayor de equipos médicos”. Tres de ellos usan el régimen tributario Rimpe, pues aunque venden más de 20.000 al año, se identifican como emprendedores y negociantes populares.

Al no tratarse de fabricantes ni empresas distribuidoras, cada uno emite para sí mismo un certificado de garantía técnica.

“Diego Paredes Morales garantizo que los bienes ofertados son de buena calidad y cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas y nos comprometemos con la entidad contratante el canje o reposición de los insumos”, escribe con faltas gramaticales el proveedor. En una hoja de Word coloca su logo, dirección y su firma.

Estas personas han proveído insumos de enfermería y laboratorio como pruebas para detectar el herpes o rubéola; medios de cultivo para microorganismos, cristal violeta para colorear e identificar estructuras celulares o reactivos para detectar Helicobacter pylori y más. Todas sus garantías técnicas son redactadas en Word, en donde no se incluyen el Registro Sanitario de los productos.

¿Esto es lo mejor? ¿Por qué no se compra directamente con fabricantes? Para Daniel Figueroa, director administrativo del Hospital del Día Sur Valdivia, las garantías técnicas presentadas por los contratistas “se sujetan al cumplimiento de las normas y de los parámetros establecidos en el proceso de contratación, determinados en los términos de referencia, especificaciones técnicas; por lo tanto, la garantía técnica de cada ítem es presentada tanto su oferta técnica dentro de su etapa precontractual, contractual y ejecución, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los mismos”.

Sobre el por qué se opta por intermediarios y no por fabricantes, señala que estas últimas son las que deben mostrar interés y presentar su oferta.

EXPRESO también envió correos a todos los proveedores para conocer sobre sus permisos de funcionamiento emitidos por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria; certificados de control de fabricantes o de buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Solo Miryam Fuentes Jara respondió. Dijo que no quería dar una entrevista.

El caso del proveedor José Henríquez Núquez es más complejo. Él ha sido señalado por la Contraloría (en el informe DNA7-SySS-0002-2023) por una presunta falsificación de un documento en una subasta del Hospital General de Babahoyo.

El hecho data de 2021, cuando, según la auditoría, presentó un certificado de distribuidor autorizado de una farmacéutica, la cual le dijo a la Contraloría que era un documento falso.

Sobre Diego Paredes Morales consta en el Sercop que, pese a que su RUC le permite la venta de insumos médicos, también ganó en 2022 un contrato de $ 222.000 para dar mantenimiento a la planta generadora de oxígeno del Hospital General Milagro, otra unidad del IESS.

Sobre el emprendedor Milton Avilés Arce no registra su pago de impuesto a la renta de 2022, pese a que ese año le vendió al IESS $ 743.640.