Cuatro años y cuatro meses duró la emergencia institucional que el Ministerio del Interior declaró “para atender la seguridad ciudadana y el orden público en el país”. A lo largo de ese tiempo -entre enero de 2013 y mayo de 2017- durante el cual pasaron cuatro ministros, el organismo firmó contratos que superan los 500 millones de dólares.

La declaratoria sirvió para variopintas negociaciones, en las que se obviaron los normales procedimientos de contratación pública, que van desde la compra de helicópteros, vehículos, armamento, caballos, equipamiento tecnológico y obras de rehabilitación de edificaciones para la Policía, hasta pagos para arreglo y mantenimiento de parques, implementos por la venida del Papa y la producción y difusión de una pieza musical institucional.

Más de un centenar de proveedores fueron los adjudicatarios, según una revisión que EXPRESO hizo a una base de datos con un reporte preliminar de 293 contrataciones, entregada por la cartera del Interior, cuyo monto total contabiliza $ 509’786.452,7.

El 98,09 % de ese total (500’053.148,33) corresponde a contratos que se firmaron durante la administración de José Serrano, que duró desde el 13 de mayo de 2011 hasta el 15 de noviembre de 2016. El grueso de ese monto se concentra en contratos con 12 proveedores.

El Ministerio del Interior no ha transparentado la información sobre las contrataciones realizadas durante más de cuatro años de emergencia institucional.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, “en todos los casos, una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la entidad contratante publicará en el Portal de Compras Públicas un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos”.

Las compras para la Policía están bajo investigación penal. La Fiscalía sigue el rastro a una presunta red de exfuncionarios del Ministerio del Interior que habrían cobrado coimas por la adjudicación de contratos. Uno de los implicados es María Paula Christiansen, excoordinadora general administrativa financiera, que ejerció su cargo durante la gestión del hoy asambleísta José Serrano.

La Contraloría tiene listo un informe de examen especial con observaciones encontradas en 6 contratos y 14 convenios de pago, que suman más de $ 243 millones.

Hasta el cierre de este artículo, EXPRESO intentó, sin éxito, obtener un pronunciamiento de Serrano sobre las novedades halladas en esa auditoría.

Para saber

Gestión

Entre el 4 de enero de 2013 y el 29 de mayo de 2017, tiempo que duró la situación de emergencia, pasaron cuatro titulares por la cartera del Interior.

Ministros

José Serrano estuvo en el cargo hasta el 15 de noviembre de 2016. Diego Fuentes se encargó luego y permaneció hasta el 4 de enero de 2017. Le sucedió Pedro Solines, quien se quedó en el cargo hasta el 24 de mayo de 2017. Finalmente, cogió la posta César Navas, quien declaró superada la emergencia institucional.