- ¿ Cómo está el caso Chevron?

- El caso está siguiendo su curso en dos caminos paralelos. El uno es el laudo dictado en agosto del año pasado y que sigue el proceso de nulidad en las cortes de los Países Bajos, en razón de la demanda de nulidad que interpuso Ecuador en noviembre del año pasado. Es probable que antes de fin de año tengamos ya la sentencia de primera instancia, que está en manos de los jueces distritales de La Haya. Esperamos que este fallo sea favorable al Ecuador.

- ¿Se ha buscado acercamientos con Chevron para una salida amistosa?

- No hay conversaciones directas entre el Estado ecuatoriano y su titular para estos efectos que es la Procuraduría con la empresa Chevron. Probablemente, las circunstancias no se han dado, aunque el Ecuador siempre está dispuesto a llegar a acuerdos. Sino que como Chevron tiene una sentencia a su favor, siente que tiene una posición de fuerza y que no necesita conversar con el Estado ecuatoriano.

- En las manifestaciones existieron actos violentos y de vandalismo han dicho las autoridades, ¿cómo el Estado puede recuperar los recursos que deberá reinvertir?

- Hay que establecer quiénes son los que han sufrido esos daños. Si quienes han sufrido esos daños son personas o empresas privadas, son ellos los que deben hacer la denuncia y seguir los procesos.

- ¿Y en los daños al sector público?

- En los daños causados al Estado ecuatoriano tenemos dos casos diferentes, el de entidades públicas que tienen personería jurídica propia, en cuyo caso ellos son los que tienen que demandar, nosotros como Procuraduría hemos enviado a todas las entidades del Estado un oficio recordándoles la obligación que tienen de presentar las denuncias y ofreciéndoles nuestros servicios para acompañar esos procesos. La Procuraduría está dispuesta a apoyar cuando se presente la denuncia particular.

- ¿Qué pasa con las entidades que no tienen personería jurídica propia?

- En estos casos, como son ministerios u otras entidades que dependen directamente de la Administración central, ahí la Procuraduría está recabando la información de todas estas instituciones para presentar, en su momento, la acusación particular. La Procuraduría no puede intervenir a otro nivel, ellos tienen que hacer la denuncia y cuando pase a la fase de instrucción fiscal intervendremos presentando acusación particular. Estamos en ese momento de evaluación de qué casos y qué entidades vamos a participar como acusadores.

- ¿Contra quién será?

- Nos toca hacer ese trabajo de tratar de identificar a las personas directamente responsables, pero si no, se demandará a los titulares de las organizaciones gremiales que convocaron a esas movilizaciones.

- Una tarea compleja...

- Es complejo, pero es la única forma de tratar de resarcir el daño. Cuando los violentos se desbandan, cuando estas movilizaciones, originalmente pacíficas, se salen de las manos de los líderes, a esos líderes y a esas personas hay que hacerles responsables de los daños causados, que sepan que la próxima vez que marchen tendrán que hacerlo de forma pacífica.

▶Lea: Se niega suspensión condicional de la pena a Yofre Poma

- ¿Qué se logrará con esto?

- Estos juicios donde intervendremos como acusadores particulares van a marcar la pauta a futuro, de que las movilizaciones sociales tienen que hacerse siempre dentro de una tónica de absoluto respeto al derecho ajeno.

- ¿Cómo avanza el tema de la búsqueda de la ruta del dinero?

- La Procuraduría interviene cuando ya hay procesos judiciales, sea en el Ecuador, o sea en el extranjero. Mientras tanto, esto sale de la óptica de esta institución, esto está en manos de la Secretaría Anticorrupción y otras entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que son las que más información tienen al respecto. En estos días hablaré con Dora Ordóñez que está a cargo de la Secretaría Anticorrupción para retomar este caso y coordinar acciones.

- En esto no está inmerso el tema Odebrecht...

- Otras son las conversaciones que hemos venido teniendo con la compañía Odebrecht para el pago de una indemnización, pero obviamente en estos días, por el hecho de que la Contraloría sufrió la agresión bárbara y que están recién recomponiendo papeles y bases de datos las conversaciones están en suspenso. Espero reanudarlas cuanto antes.

- ¿Está usted de acuerdo con la Ley de Extinción del Dominio?

- Esta Ley ha dado resultado en otros países, pero hay que ser muy cuidadosos, porque a través de la extinción del dominio se pueden estar cometiendo arbitrariedades, ese es el principal pero. El solo hecho que esté una persona procesada no debería afectar a los bienes que esa persona tenía antes de la comisión de los hechos ilícitos, es decir, debería afectar a los productos y bienes obtenidos a través de los hechos ilícitos. Hay que ser claros y determinar cuáles de esos bienes se les aplicará la extinción de dominio.

- ¿Cómo está el tema de los arbitrajes?

- Los arbitrajes siguen su curso. El número de arbitrajes internacionales de inversión son siete, contando con el reciente que presentó por el caso Perenco; hay siete arbitrajes internacionales comerciales. Se ha pagado 1.795’381.522,62 dólares en temas de arbitrajes de inversión iniciados desde el 2002 y que están totalmente terminados al 2019, que representan diez arbitrajes y se excluye Perenco; y, por arbitrajes comerciales iniciados desde 2006 y terminados al presente año, 512’959.776,91 dólares.

- Hubo quejas a la defensa en el exterior, ¿qué se está haciendo ahora?

- Lo que está haciendo ahora la Procuraduría es tomar más protagonismo en la toma de decisiones con los abogados. La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje está trabajando al lado de los abogados contratados, y tengo la convicción que hoy la Procuraduría está haciendo un trabajo más serio del que se hacía en el pasado; en el pasado solo se recibía la información, se remitía a las entidades públicas pidiendo insumos adicionales y eso enviaba a los abogados; hoy en día no. Ahora la Procuraduría a través de la Dirección participa en la toma de decisiones conforme esas decisiones van apareciendo, ahora hay menos espacio para que los estudios jurídicos contratados hagan las cosas a su manera y por su cuenta..

- Contratar a un grupo de abogados en el exterior tiene un costo alto...

- Así es, es un rubro bastante significativo. La Procuraduría tiene un presupuesto de 50 millones al año, y la mitad de eso se va en pago de abogados internacionales.