Familiares, amigos, defensa, activistas. Todos acudieron temprano al Complejo Judicial Norte de Quito para acompañar al informático sueco Ola Bini el día del inicio de su juzgamiento.

El desarrollador está acusado de acceso no consentido a sistemas informáticos, delito que se habría registrado en 2019. Justamente en abril de ese año fue aprehendido cuando se aprestaba a salir del país para asistir a un torneo en Japón.

Tres años después y tras una serie de incidentes procesales provocados por su defensa, demoras en el agendamiento de audiencias y otras cosas, su caso por fin llegó a tribunales.

Cerca de 100 testigos fueron convocados al juzgamiento, que se ha previsto que tome al menos tres días y en el que el fiscal ofreció probar la responsabilidad del informático en el delito investigado.

El abogado de Ola Bini, Carlos Soria, insistió en que existió una persecución política en su contra. Responsabilizó de ella al expresidente Lenín Moreno y a la exministra de Gobierno María Paula Romo.

Según Soria, se inventaron la vinculación de otra persona y reformularon cargos porque no habían encontrado nada en las investigaciones. “Qué más persecución pretendemos en este momento que se haya demostrado por parte de la exministra de Gobierno y por parte del expresidente de la República”, señaló.

El abogado dijo que esperan que la justicia haga su trabajo y denunció más de 100 violaciones al debido proceso.

Según reportó el Observatorio de Derechos y Justicia, al inicio de la audiencia hubo la moción de declarar el abandono de la acusación particular presentada por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), por su inasistencia al juicio por un posible contagio de COVID-19.

La Fiscalía habló de la existencia de un acceso no consentido a los sistemas informáticos de CNT y Petroecuador. Al menos cuatro testigos comparecieron hasta las 13:30, en que el tribunal dispuso un receso. Por el estrado pasaron quienes recibieron la denuncia por la línea 1800-DELITO en la que se alertaba sobre Ola Bini, su lugar de residencia y que iba al aeropuerto.

Quien hizo la llamada, según el testigo, habría asegurado que Ola Bini tenía vínculos con el hacker australiano Julian Assange, preso en Reino Unido y a quien visitó al menos 10 veces mientras tuvo asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.

Al conocer esos detalles se habría redactado un memorando y notificado al fiscal Fabián Chávez, quien posteriormente llevó adelante la investigación. Él fue al aeropuerto. En esos momentos los investigadores desconocían su nacionalidad. El segundo testigo indicó que al ingresar los nombres al sistema se reflejó que Ola Bini era extranjero. La unidad encargada analizó el caso, lo judicializó y recomendó la detención de Ola Bini para impedir el cometimiento de un posible delito. El testigo habría dicho que hubo diligencias y seguimiento sin autorización judicial.

El tercer testigo declaró que no se le informó sobre la nacionalidad de Bini antes de leerle los derechos. El cuarto testigo conoció del allanamiento al domicilio. Según el Observatorio, el convocado reconoció que se incumplió la orden de allanamiento (que limitaba a buscar dispositivos), ya que se levantaron pasaportes, libros y tarjetas de crédito.

Hasta las 17:00 de este miércoles declararon cinco policías y dos peritos. La audiencia concluyó cerca de las 19:00 en el Complejo Judicial Norte. Se reinstalará este jueves a las 08:30.

El detalle

Causa. El caso de Ola Bini se inició en abril de 2019 y coincidió con la salida de Assange de la Embajada.