En la sala de la Corte Provincial de Pichincha dio inicio, la tarde de este jueves 20 de junio de 2019, la audiencia de Habeas Corpus para el informático sueco, Ola Bini. La audiencia diligencia fue presentada por el juez Henry Cáliz.

Como muestra de apoyo, simpatizantes del hacker acudieron a los exteriores de la Corte para pedir por su liberación. Además, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se sumó a las peticiones para que la Justicia ecuatoriana deje en libertad a Bini, al considerar que su prisión preventiva es “arbitraria”.

“Esta detención es ilegal y su prisión preventiva es arbitraria, con lo cual obliga al Estado a dejar en libertad al procesado”, aseguró uno de los asesores jurídicos de Inredh, Alejandro Baño, en un comunicado institucional.

La Fundación manifestó su opinión través de un “amicus curiae” (tercera parte interesada) dentro del recurso de hábeas corpus solicitado a favor del informático sueco, que será estudiado este jueves en una corte de Quito.

Bini, de 37 años, fue detenido el pasado 11 de abril en la sospecha de haber participado en una supuesta red de espionaje que se infiltró en sistemas gubernamentales ecuatorianos, y desde entonces se halla bajo prisión preventiva.

La ministra del Interior, María Paula Romo, adujo recientemente que cuando se retiró el asilo se previó la posibilidad de ataques a sistemas informáticos públicos y privados “como retaliación a la decisión soberana del Ecuador”.

Ello llevó a “revisar los potenciales aliados de Assange en Ecuador” y descubrieron que uno de sus “más asiduos visitantes” en la Embajada en Londres era Bini, que residía en Ecuador.

La información disponible sobre el sueco, según Romo, arrojaba también una “serie de coincidencias” en viajes al exterior con el excanciller Ricardo Patiño, responsable de la concesión del asilo en 2012 y ahora requerido por la justicia ecuatoriana.

Los abogados de Bini, que dice ser inocente, llevan dos meses tratando de que los jueces le conmuten la prisión preventiva por una libertad bajo fianza, pero el 2 de mayo la Corte Provincial de Pichincha ratificó la orden de prisión en su contra y el 29 de ese mismo mes le fue negado el pedido de caución.

El pasado 7 de mayo un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria solicitó al Estado ecuatoriano que proporcione información sobre la detención y advirtió de que expresará públicamente sus “preocupaciones” sobre el caso.

El escrito, remitido al representante ecuatoriano ante la Oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, llama a a Ecuador a aclarar las causas que llevaron a la detención del sueco así como las medidas adoptadas para “identificar y remediar cualquier violación” de sus derechos humanos.