Mientras unos avanzan, algunos quedaron en el congelador y otros podrían tener menos futuro. En la Asamblea Nacional, no todas las denuncias por supuestas irregularidades de sus integrantes se encuentran procesadas en las instancias correspondientes.

De los seis casos que se hicieron públicos desde su instalación, el 14 de mayo, el de Rosa Cerda de Pachakutik fue resuelto con una sanción de ocho días por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el Comité de Ética aprobó esta semana el informe sobre la situación de Bella Jiménez y esta misma instancia tratará la denuncia de la Izquierda Democrática (ID) en contra de su legislador Eckenner Recalde, por supuestos cobros indebidos a sus colaboradores.

Otros casos como el del asambleísta Darwin Pereira cuyo asesor fue acusado de haber tramitado cargos públicos, el de Elías Jachero sobre quien apareció una sospecha similar, al igual que    Mariano Curicama, no han recibido, hasta ahora, denuncias formales ante el CAL.

A esto se suman las nuevas sospechas sobre legisladores que tendrían informes en la Contraloría General del Estado, algunos con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) y otros con sanciones administrativas. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, adelantó que abriría “expedientes individuales” a sus colegas para investigar en qué faltas pudieron haber incurrido.

¿Pueden terminar en sanciones?    Una posibilidad bastante complicada, si se tiene en cuenta que la resolución de este tipo de procesos administrativos o penales, si ya están en conocimiento de la Fiscalía, escapan de las competencias de la Asamblea, señaló el abogado y exasesor legislativo Pablo Santillán.

“Las sanciones y las prohibiciones para los asambleístas en el ejercicio de sus cargos están establecidas en el artículo 127 de la Constitución, en concordancia con el numeral 173 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijo el jurista.

El escenario es el siguiente. Si el órgano de control encuentra responsabilidades civiles o administrativas del funcionario estas pueden ser impugnadas en la propia Contraloría o ante el Tribunal Contencioso Administrativo o, incluso, llegar a casación en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Si se agotan todas las instancias y se ratifica la responsabilidad, el funcionario deberá devolver al Estado los recursos económicos que hayan sido determinados en el proceso civil y con eso queda el tema saldado. En tanto que, si se determina responsabilidad administrativa la sanción puede ser pecuniaria o incluso la destitución.

Libia Rivas, exsecretaria general de la Asamblea y actual directora del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, recordó que en su momento llegó una orden de destitución en contra de un legislador desde la Contraloría, pero se encontraron con que solo podía perder su calidad por violar el artículo 127 de la Constitución. Presentó una demanda ante el Contencioso Administrativo y todavía no hay una resolución, pese a que su periodo como asambleísta ya concluyó.

“En el ámbito penal es otra cosa, aunque también hay condiciones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que los legisladores pierden esa calidad por sentencia condenatoria ejecutoriada. La CNJ podría pedir que se levante la inmunidad parlamentaria para vincularlo, pero hasta que no exista sentencia en firme permanecen como asambleístas”, señaló    Rivas.