Imperativa prioridad

Entre las mejores tradiciones guayaquileñas que aún subsisten, la de tomar iniciativa frente a los problemas que la afectan, sin esperar que todo se resuelva desde el Gobierno central, es una que distingue a la ciudad.

En el campo de la salud y la educación es donde con mayor fortaleza se ha evidenciado ese espíritu que se consagró en la voluntad de ser “grande con el esfuerzo de sus propios hijos”.

Así, en 1888 se creó la Junta de Beneficencia, a partir de la gestión del Cabildo guayaquileño y del presidente del Concejo Cantonal, doctor Francisco Campos Coello, solicitando al Congreso Nacional que establezca la legislación que le permita a los gobiernos locales crear instituciones benéficas que den servicios asistenciales. De entonces a la fecha ha sido gigantesca la atención prestada a Guayaquil y su región de manera particular, y a las provincias y países vecinos en general.

En ese mismo espíritu, cuando el cáncer se convirtió en un grave problema de salud pública, otro guayaquileño ejemplar, el Dr. Juan Tanca Marengo, fundó en 1951 la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, que ha permitido la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de graves patologías.

Por ello, cuando la crisis económica que atraviesa la República requiere establecer una clara priorización del gasto público, es una obligación vinculada a la gratitud y a la defensa de los mejores intereses de miles de ecuatorianos plantear que entre esas prioridades se establezca la de atender los requerimientos de instituciones como las arriba mencionadas, de modo que estableciendo un plan de pagos para saldar las cuentas pendientes, ellas puedan a su vez cumplir sus compromisos financieros con sus proveedores y también con sus médicos, enfermeras y personal de apoyo.

Cabe recalcar que en la atención de pacientes con cáncer tiene estrecha vinculación con su supervivencia y curación el oportuno empleo de drogas, que no pueden descontinuarse en su administración.

Sin desconsiderar lo complejo de la situación, es necesario insistir en que el pedido de diálogo planteado por los directivos de Solca con la Presidencia de la República, pueda concretarse lo antes posible, de modo que en conjunto se encuentren mecanismos para superar una crítica situación que no debe permitirse que se agrave.