La historia los juzgara

Una relación en extremo delicada entre el Estado y la sociedad es la que tiene que ver con la libertad de pensamiento y comunicación. El sector público debe, en esa línea, manejar una política de pleno e invariable matiz democrático si quiere obtener de la historia el reconocimiento y de la colectividad la legitimación.

Cuando esa orientación oficial se altera mediante la adopción de un tratamiento que denota aversión, por parte del poder, a esas libertades, estamos en presencia de una quiebra significativa del republicanismo, de un atentado a los derechos humanos y de un anuncio de momentos oscuros de totalitarismo y represión.

El carácter mesiánico con que determinados gobiernos se han manejado en los últimos tiempos, se ha exteriorizado en odio a la labor periodística, en persecución a las voces críticas, y en desprecio total a la obligación de tomar medidas que protejan a quienes ejercen la arriesgada actividad de comunicar. Esta actitud ha devenido, tanto de regímenes populistas autodenominados de izquierda, como de aquellos que abiertamente se han declarado contrarios a esa orientación ideológica. Los casos son numerosos con respecto a los primeros. Basta señalar el oprobioso y cavernícola proceder del “chavismo” en Venezuela, al apoderarse de medios de comunicación para convertirlos en instrumentos de campaña y proselitismo; el acoso de los Kirchner en Argentina en contra del periódico Clarín; y la decisión del gobierno de Correa en Ecuador para “castigar” a la prensa no sometida y hacer aprobar una ley propiciadora de cotidianos abusos, a cargo de impresentables y mediocres funcionarios públicos. En la otra orilla, lo que hace Trump reproduce, de manera exacta, esa actitud primaria y antidemocrática.

Las expresiones más claras de estos peligros se dan cuando esos autoritarios gobiernos son permisivos ante el crecimiento del crimen organizado y hasta tienen estrechas relaciones con él, o cuando no hacen nada para investigar la penetración de este en la misma estructura institucional del Estado.