Alfonso Albán Espín

albana@granasa.com.ec n Guayaquil

La médula del proyecto de Código del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social es incluir una prohibición para quienes quieran ser autoridades de control, judiciales, electorales y de participación ciudadana: no haber estado afiliados a un partido político en los últimos 10 años.

- El numeral 2 del artículo 11 de la Constitución prohíbe la discriminación por filiación política. ¿La propuesta no es discriminatoria?

- De ninguna manera. Es garantizar que se cumpla con el requisito de idoneidad e imparcialidad que la Constitución exige para estas autoridades. Lo ideal sería quitarle la facultad al Consejo de Participación Ciudadana, pero si no es posible, porque habría que reformar la Constitución, al menos tengamos un mecanismo para que sean lo más imparciales posibles.

- ¿Qué tanto garantizará la propuesta que no existirán autoridades afines a un partido, tomando en cuenta que no todas las actuales autoridades estuvieron afiliadas a PAIS?

- Ayuda a que haya más imparcialidad. No hay un sistema perfecto. Vamos a casos concretos. El fiscal (Carlos Baca) que fue asesor del expresidente (Rafael) Correa. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Raquel González) fue candidata de PAIS. Por lo menos tenemos que evitar esos extremos y que haya la mayor garantía posible de que no van a cumplir órdenes ni se dejarán influenciar por grupos de poder.

- Insisto en la garantía. ¿Cómo garantizar que las futuras autoridades no cumplirán órdenes de grupos de poder?

- Con mecanismos transparentes. Con designaciones lo menos politizadas posibles. Con un reglamento claro. Hoy la ley permite que para cada concurso exista un reglamento, eso no puede ser. Y una permanente fiscalización.

- ¿Cuáles son las inquietudes o propuestas de la ciudadanía más recurrentes?

- Están de acuerdo. Hay otros temas del Código como la silla vacía en Santo Domingo que no se está aplicando correctamente en el Municipio. Mejor participación en los presupuestos, conformación de asambleas ciudadanas. Sí hay un consenso en que el Consejo de Participación Ciudadana hay que modificarlo para que cumpla bien sus funciones.

- En la campaña apoyaron la postura de eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, pero ahora habla de modificarlo...

- Hay dos extremos. Uno es que todo siga igual y eso es imposible. El otro, que comparto, es eliminar el Consejo y para eso hay que eliminar la estructura del Estado, por tanto una consulta popular, una reforma constitucional, candado de un año y hasta eso ya se eligió a un nuevo contralor. Sin perjuicio de seguir esa vía tenemos que encontrar una más rápida que nos permita minimizar el problema. Eso impulsamos.