No hay ajuste

La noticia de que el monopolio eléctrico (Celec) y la empresa telefónica estatal (CNT) harán inversiones de alrededor de $500 millones en Certificados de Tesorería (Cetes, o notas de corto plazo) constituye un nuevo doblez en la zaga de la crisis fiscal. La legislación vigente le prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Gobierno, entonces, a manera de “trampa del offside” se recurre a entes depositantes del sector público. Siendo así, próximamente podría esperarse que el BCE le otorgue préstamos a la banca pública, y esta se dé la vuelta y, como ya lo hizo antes, le entregue esos recursos al Gobierno. El efecto económico de la novedosa maña es el mismo que si el BCE prestara recursos que no posee, pero se lo reviste de una apariencia de sobriedad financiera que no es tal.

Continúa así la cadena de efectos perniciosos. El Gobierno insiste en su gasto desaforado, y queda evidenciada la brecha conceptual que en reiteradas ocasiones hemos mencionado respecto de la ley citada en lo relativo al control del gasto público. El mecanismo adoptado es el mismo que se utiliza para desvalijar las finanzas del seguro social, excepto que en vez de bonos se emiten Cetes que deben ser aceptados por empresas públicas carentes de toda autonomía financiera.

Para aumentar el daño económico, Celec es un monopolio público cuya estructura tarifaria configura un alto impuesto al consumo de electricidad. Su renta excesiva se origina en los pagos de los usuarios, a cambio de lo cual ofrece un servicio eléctrico que es, por decir lo menos, mediocre. Los recursos que se entregan al Gobierno deberían ser utilizados para mejorar la generación, transmisión y distribución de la electricidad a fin evitar que se desfigure su propósito toda vez que, de continuar la tradición de años pasados, al término de las mismas, las compras de papeles serán renovadas, propendiendo así a originar otra distorsión financiera adicional y aumentando el “stock” de la deuda.

Queda claro finalmente que, al haber disminuido la inversión pública en una tercera parte en el período interanual, los recursos de capital que fluyen al Tesoro serán una vez más utilizados de manera ilegal para sustentar un nivel de vida y ritmo de gasto corriente que no se compadece con la realidad de la economía ecuatoriana. No hay asomo de ajuste.