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Guadalupe Llori fue destituida el 31 de mayo pasado y volvió a ocupar su curul de legisladora por Pachautik.CORTESIA

Guadalupe Llori tiene fecha para audiencia en la que busca recuperar la presidencia de la Asamblea

La asambleísta de Pachakutik pide una indemnización a quienes votaron por la destitución. La diligencia será el lunes próximo a las 14:00

La audiencia para resolver la acción de protección solicitada por la destituida expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con la que busca recuperar el cargo, se desarrollará el lunes 22 de agosto de 2022 en Quitumbe, al sur de Quito.

La jueza Sonia Ramírez aceptó a trámite el recurso y convocó a los demandados Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea; y los legisladores Pedro Zapata (Partido Social Cristiano); Pamela Aguirre (Unión por la Esperanza); Peter Calo (rebelde de Pachakutik); Lucía Placencia (Izquierda Democrática) y John Vinueza (independiente) a la diligencia, para que se defiendan.

Sin embargo, no dio paso a la pretensión de medidas cautelares solicitadas por la defensa de Llori, que buscaba la destitución de los seis asambleístas, cinco de ellos que formaron parte de la comisión ad hoc que investigó su caso y recomendó la remoción de la presidencia.

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Según Saquicela, la expresidenta Llori también pretendía que se destituya a los 81 legisladores que votaron a favor de su salida. “A más de regresar al cargo de presidenta, en la acción pide una indemnización de 8,1 millones de dólares; cien mil dólares por cada asambleísta y disculpas públicas”, señalo.

El actual presidente del Legislativo considera que el recurso presentado por Llori es improcedente y recordó que antes ya hubo otro intento sobre el fondo de esta disputa, por lo que este nuevo debería ser desechado.

“La jueza tendrá que ajustarse a derecho salvo que, como se escucha ya y se viene evidenciando, hay las presiones del Consejo de la Judicatura, frente al juicio político, intentando buscar que venga una vez más una persona que se ponga a acomodos. Existen presiones desde el propio Gobierno Nacional y hay que denunciarlo públicamente”, agregó Saquicela.