Grave y peligrosa confusion

Por sus indeseables derivaciones, conviene dejar claro ante la conciencia de la República, sin dramatizar la situación pero sí definiéndola con frontalidad, que el siempre incierto temperamento presidencial está poniendo en riesgo la paz de la nación, a partir de peligrosas y graves confusiones.

Incierto, conviene sustentarlo, porque en ocasiones se manifiesta con una firmeza total, tal cual está ocurriendo ahora en su relación con las Fuerzas Armadas o como sucedió antes con el entonces presidente Uribe de Colombia, luego de los sucesos de Angostura.

Sin embargo, igual talante no se ha evidenciado frente a las múltiples denuncias de corrupción. En diversas oportunidades se ha ensayado descalificar al denunciante para hacer caso omiso del contenido de sus acusaciones, aunque estas atañen directamente al mejor interés nacional o, como en el reciente y desgraciado incidente ocurrido en Caracas, en el que aduciendo que no se trataba de una misión oficial, se deja en la indefensión, sin protesta formal frente al atropello, a un grupo de ciudadanos con representación política significativa, lo que ameritaba una apropiada reacción.

En cuanto a la condición de jefe del Estado y de Gobierno, que tal tiene, constitucionalmente, el presidente de la República, siendo su responsabilidad, también por mandato de la Carta Magna, la administración pública, no cabe discutir que entre sus atribuciones y deberes posee el de “ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas...”. Pero el Estado, del cual es jefe, tiene entre sus deberes primordiales: “fortalecer la unidad nacional en la diversidad”, y por supuesto, “garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.

Grave equivocación es entonces suponer que la condición de jefe del Estado lo convierte en “dueño de la República”, con capacidad de imponer su particular criterio en todas las instituciones constituyentes de las otras funciones del Estado, llegando incluso a pretender sancionar a quienes, en cumplimiento de una responsabilidad irrenunciable, denuncian y combaten los actos de corrupción, tal cual los militares que se atrevieron a contestarle una comunicación.

La acción de protección a cumplirse hoy revela el alto grado de confusión existente.