Sin la ayuda del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha sido el gran proveedor de insumos para que en Ecuador se abran investigaciones por posibles actos de corrupción, casos como Odebrecht hubiesen seguido en la oscuridad.

Al menos eso se desprende de una revisión de los últimos casos de corrupción judicializados en el norte y abiertos en Ecuador.

Con la revelación de que Odebrecht habría pagado sobornos por más de 33 millones de dólares en 12 países de América, entre ellos Ecuador, se iniciaron procesos que evidenciaron que la corrupción podía llegar a las más altas esferas del poder. Un caso de asociación ilícita llevó a la cárcel al exvicepresidente Jorge Glas y otros con una condena de seis años, gracias a la información recibida en la cooperación penal internacional... Posibilitó además una condena para el excontralor Carlos Pólit por posible concusión. En las demás vías abiertas de investigación a nivel local, poco se ha avanzado en los últimos cuatro años. Ni de la recuperación de lo robado.

El caso de Seguros Sucre también vino del Departamento de Justicia de ese país. El expresidente de esa compañía Juan Ribas Domenech fue condenado a cuatro años y tres meses de cárcel por su participación en un plan para lavar sobornos que le habrían entregado para beneficiar a tres compañías de reaseguros del Reino Unido. ¿El objetivo? Obtener y retener negocios sobre reaseguros. En Ecuador se abrió un expediente que tiene a su principal procesado en Guayaquil.

La corrupción en Petroecuador es la que hasta el momento ha provocado la mayor cantidad de condenas y procesos para ecuatorianos en ese país. Quienes han admitido haber recibido sobornos y coimas se acercan a una veintena.

Raymond Kohut, de Gunvor; Javier Aguilar, de Vitol Group; José de la Paz Román, de Nolimit C.A.; José Cisneros, subcontratista de Tesca Ingeniería; Armengol Cevallos, subcontratista de Tesca Ingeniería; Frank Chatburn, intermediario financiero, de Biscayne Capital y Sentinel Mandate & Escrow; Ramiro Luque, de GalileoEnergy; Roberto Barrera, empresario de bienes raíces, y José de la Torre Prado, asesor de la gerencia de Petroecuador, hicieron confesiones. Participaron en facilitar el cometimiento de delitos como lavado de dinero.

A ellos se suman Marcelo Reyes, excoordinador jurídico de Petroecuador 2011-2013; Arturo Escobar, asesor de gerencia de la Refinería Esmeraldas; Juan Andrés Baquerizo, Oil Service & Solutions (OSS); Jorge Larrea, asesor financiero asociado con Frank Chatburn; Juan Sebastián Espinoza, socio de Chatburn; Gustavo Trujillo, intermediario financiero, parte del Grupo Biscayne Capital y Madison Asset LLC.

De las revelaciones de De la Torre y Barrera derivó el caso Las Torres, que tiene al contralor Pablo Celi, su hermano Esteban, Luis Agusto Briones, hermano del fallecido José Agusto Briones, en la cárcel. Hay otros investigados que tienen medidas sustitutivas.

El caso Isspol por posible peculado también se investigó en Estados Unidos. Hay una asistencia penal con más de 8.500 fojas con la materialización de chats de WhatsApp y estados financieros que permitieron pedir la vinculación de seis sospechosos en el caso de peculado por los bonos con pacto de recompra que investiga el fiscal Martín Navarrete. Él afirma que el caso no es una consecuencia de la detención de John Luzuriaga en EE. UU. ni de su admisión de posible lavado de dinero. En el caso Isspol hay siete expedientes por posible peculado que investiga la Fiscalía y una instrucción fiscal.

Pero hay otros casos que, a pesar de las denuncias y documentación adjuntada, no han pasado de la investigación previa. Caminosca, Vitol, Posorja, Manduriacu, Refinería del Pacífico, Petrochina e INA Papers no han tenido mayores avances. Lo asegura Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción. Él opina que la falta de resultados “quiere decir eso, que nuestra justicia es absolutamente lenta, y que la investigación es azarosa, lo cual exige que hoy más que nunca en la Fiscalía y en la Justicia existan fiscales y jueces anticorrupción”.

Rodas afirma que hay casos que están paralizados. Por ejemplo, señaló que el miércoles 2 de junio estuvo compareciendo por una denuncia por empresas fantasmas, “pero la fiscal no apareció”. Indica que estuvo esperando una hora conectado a la plataforma Zoom sin resultados.

Reconoce, en cambio, que algunas denuncias de insumos médicos durante la pandemia se han acumulado y la Fiscalía ha actuado en expedientes como el de Jacobo Bucaram.

Sobre los fiscales y jueces anticorrupción asegura que su existencia ya está aprobada, pero nunca se ha implementado porque “se requiere de un Ejecutivo fuerte que lo ponga en marcha”.

Hay casos que si no lo revelaba Estados Unidos lo ha hecho la prensa. Ese fue el de Arroz Verde o bautizado por la Fiscalía como Sobornos 2012-2016, que concluyó con la condena a ocho años de cárcel por cohecho agravado en contra del expresidente Rafael Correa y otros 19 procesados.

La Fiscalía reveló una estructura delincuencial en cuya cabeza colocó al expresidente Correa, dedicada al cobro de coimas a contratistas del Estado a cambio de contratos de obra pública en efectivo y en facturas. El destino de los recursos era financiar las campañas de Alianza PAIS.

Un exfiscal general, quien pidió la reserva de su nombre, indicó a EXPRESO que el tema de las revelaciones o asistencias que vienen de países como Estados Unidos es esencialmente una cuestión de flujos de información y acceso a evidencia.

No cree que se trate de que en Ecuador no se pueden iniciar los procesos porque hay connivencia o intención de dejar en la impunidad.

Destaca que en otras jurisdicciones (especialmente Estados Unidos) se produce evidencia que permite que los procesos avancen y logren objetivos claros, por lo que cuando llegan las cooperaciones internacionales con información relevante, eso permite a los fiscales proseguir.

Para el exfuncionario, el tema de la cooperación es sumamente importante porque los delincuentes no depositan el dinero producto de sus delitos en cuentas bancarias locales, sino que se lo llevan o les entregan fuera del país, por consiguiente, que en esos países se tengan las pruebas y sean compartidas a Ecuador es esencial.

Recuerda que todas estas tramas de corrupción involucran jurisdicciones penales del exterior (EE. UU., Panamá, Brasil, países del Caribe, etc.) y si desde esos países no se entrega la información, es muy difícil que los fiscales en Ecuador puedan avanzar adecuadamente.

Complejidad

El fiscal Martín Navarrete justifica que en muchos de los expedientes a su cargo por el caso Isspol hay complejidad porque se requiere de pericias técnicas y financieras.

Los delitos

Lavado de dinero e intento de sobornos son los dos delitos que más registran los funcionarios procesados en Estados Unidos por presunta corrupción.

“La justicia está comprometida”

La exsuperintendenta de Bancos, Gloria Sabando, considera que por las investigaciones que se han hecho en Estados Unidos “es que aquí se ha podido hacer algo”.

La exfuncionaria, quien ocupó el cargo entre 2007 y 2011 señala que “es penoso decirlo, pero la justicia nuestra está muy comprometida, está muy vinculada, en lo chico y en lo grande”.

Recuerda un artículo que leyó del doctor René de la Torre, de hace 15 años, en que manifestaba que “si los abogados no estamos dispuestos a defender la verdad y la justicia de pie, deberíamos botar el título”.

Puntualiza que eso es lo que debería prevalecer en los abogados y en los que administran justicia que, con honrosas excepciones como siempre, las hay.