Gobierno de Maduro con amplias facultades

El Gobierno venezolano se arroga amplias facultades para preservar la seguridad y garantizar el suministro de alimentos y energía, mediante un decreto de estado de excepción cuyo contenido fue difundido ayer.

La medida, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el “disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno” y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.

Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos” y promueve la “interrupción del período” del presidente Nicolás Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.

El decreto ordena a la Fuerza Armada Bolivariana y órganos de seguridad “garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.

Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados -en grave escasez- para evitar que terminen en manos de contrabandistas.

Esta medida fue criticada por el activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien sostuvo que “abre el camino para un enfrentamiento pueblo contra pueblo”.

El articulado también prevé definir rubros prioritarios para las compras del Estado y la “asignación directa de divisas”, en fuerte sequía por el desplome de los precios del petróleo.

Para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, el gobernante está facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde esta se redujo a dos días a la semana.

Para el Gobierno estadounidense, la situación de Venezuela es “desalentadora” y las condiciones en las que viven sus habitantes son “terribles”, en palabras de Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca.

Mientras se aplica el decreto, la comisión designada para la revisión de la solicitud de referendo para revocar el mandato de Maduro, reiteró su acusación a la oposición de consignar firmas fraudulentas para solicitar la activación del mecanismo.