La Contraloría no le quita el ojo a Jorge Glas. Antes de que le llegara a la cárcel 4 de Quito la notificación con la destitución al cargo de ministro coordinador de Sectores Estratégicos que ejerció entre el 27 de junio de 2010 y el 9 de noviembre de 2012, el vicepresidente sin funciones recibió otro requerimiento.

El 11 de octubre el organismo le notificó, junto con otros cuatro exfuncionarios del Gobierno del expresidente Rafael Correa, la predeterminación de responsabilidad civil culposa: glosa. Esta se desprende del examen especial DASE-0013-2016 practicado al proceso de terminación, liquidación y pago del Contrato de Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (gas) en el Bloque 3. El periodo de la auditoría fue desde el 27 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014. “Por 49’000.000 USD al ingeniero Jorge David Glas Espinel, con cédula...” como ministro coordinador de Sectores Estratégicos, dice el documento al que accedió EXPRESO.

El monto debe cubrirse en forma solidaria por los cinco glosados.

Y señala la notificación que por cuanto en el ejercicio de sus funciones y periodo de actuación entre el 27 de julio de 2010 y el 9 de noviembre de 2012 “lideró los procesos de liquidación y pago del Contrato de Participación suscrito entre EDC Ecuador Ltd. y Petroecuador, así como la cesión del contrato de concesión suscrito entre Conelec y Machala Power Cía. Ltda. a favor de Celec EP y transferencia de los bienes afectos a la concesión”.

¿La razón? La Contraloría señala que no se proporcionó al equipo de auditoría los informes, actas y demás parámetros y cálculos de la consultora internacional Gaffney Cline & Associates, empresa que efectuó el estudio de los activos de las citadas compañías y recomendó el pago de 80 millones de dólares.

El organismo indica que en el caso del Bloque 3 se verificó que participaron los ministerios de Sectores Estratégicos y de Recursos Naturales No Renovables (actual Hidrocarburos), la Secretaría de Hidrocarburos, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, Petroecuador, Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, entre otras instituciones. Dice que en las directamente relacionadas con el proceso no existe un archivo completo del expediente que respalde el procedimiento aplicado.

Eduardo Franco, abogado del vicepresidente Glas, quien además es investigado junto a otras 17 personas, (incluido su tío Ricardo Rivera) por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht, insistió en que su cliente es inocente. “Todo es una tramoya política para desprestigiarlo. La Contraloría del Estado está siendo utilizada políticamente”, dijo a este Diario.

El contralor, Pablo Celi, envió la notificación de 12 páginas en la que le concede un plazo perentorio de 60 días para que conteste y remita las pruebas de descargo. El funcionario de control advirtió que, una vez vencido este plazo, se expedirá la resolución que corresponda.

El vicepresidente contesta a la Contraloría

En la página 18 del informe DASE-0013-2016 se recoge la respuesta del exministro coordinador de Sectores Estratégicos y actual vicepresidente sin funciones Jorge Glas.

En el oficio VPR-VP-2015-007-O del 17 de septiembre de 2015 señaló: “... La fijación del valor de liquidación constituyó el ejercicio de una potestad estatal conferida a la Secretaría de Hidrocarburos, y realizada en base a los fundamentos técnicos sustentados en el informe de la consultora internacional Gaffney & Cline (sic)...”.

Añadió que “las entidades del Estado involucradas en los procesos como las compañías EDC y Machala Power, tenían la obligación de entregar la información requerida por la consultora... para que esta última pueda realizar su análisis e informe de valoración... de manera formal no se nombraron comisiones”.