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Quién es quién en la red que traficaba con cargos públicos

Catorce de los 33 detenidos pertenecen o pertenecieron a la función pública en entes como el CNE, la Judicatura, el Ministerio de Trabajo y la Policía

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El fiscal del caso, César Suárez,  y la fiscal provincial, Yanina Villagómez, en la audiencia.Cortesía Fiscalía

Catorce de los 33 detenidos en el operativo 'Emperador' pertenecen o pertenecieron a la función público en diferentes instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, los ministerios de Trabajo y Educación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras instituciones. Según el registro de la declaración juradas de bienes colgada la página web de la Contraloría General del Estado, de estas 14 personas, tres registran su declaración de inicio de gestión, pero no del final de la misma por lo que se deduce que aún están en la función pública. Son:

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Christian Enrique Palacios Tamayo aparece como compositor de items del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y también como especialista de evaluación y acreditación de Institutos del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Tiene 32 años. Es ecuatoriano. Fue director técnico de área del Ministerio de Trabajo (2018). En 2017, fue analista senior de seguimiento de servicios sociales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, director nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa del Ministerio de Educación  y director técnico de áreas del Ministerio de Trabajo. Su última declaración de patrimonial registra un saldo negativo de 1.930 dólares.

Luis Tarquino Loyo Brusil registra el cargo de Director Nacional de Procesos Electorales del Consejo Nacional Electoral. En 2018 fue ooordinador de Capacitación de la misma institución. Es ecuatoriano. Tiene 56 años de edad. Su última declaración registra un patrimonio de 392.620 dólares.

Alex José Abarca Achig, teniente coronel en servicio pasivo de la Policía Nacional, aparece como Director de Seguridad Postal de la Empresa Pública de Correos del Ecuador. Es ecuatoriano. Tiene 45 años de edad. Su última declaración registra un patrimonio de 57.130 dólares.

Entre los exfuncionarios  detenidos destaca el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. Tiene 42 años de edad. Es ecuatoriano. Su última declaración registra un patrimonio de 143.209 dólares.

TUAREZ
El momento de la detención del sacerdote, José Carlos Tuárez, la madrugada del 28 de noviembre.Internet

Mario Arnaldo Trejo Noboa fue subcoordinador nacional del Consejo de Participación Ciudadana durante la corta gestión de Tuárez. Tiene 38 años. Es ecuatoriano. Su última declaración registra un patrimonio de 2.400 dólares.

Además, figura el exprefecto de Sucumbíos (entre 2014 y 2019) y exasambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (2009 - 2013), Guido Vargas. Es ecuatoriano. Tiene 48 años de edad. Su última declaración patrimonial al final de su gestión como prefecto fue 471.998 dólares.

Renata Hildegard Helen Gratehe Jalkh Roben, hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, no registra haber ejercido cargo público alguno. Es ecuatoriana. Tiene 57 años de edad.

Yoseni Rocío Rodríguez Zambrano es otra de las detenidas. Su nombre, en el portal de la Contraloría, aparece como presidenta del Consejo del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social entre 2017 y 2018. No obstante, en la información que por Ley de Transparencia debe subir la institución, no aparece su nombre. Sí aparece como veedora ciudadana del proceso para la designación de los defensores de audiencias de los medios de comunicación.

El juez Marco Guerra, informó la Fiscalía, dictó prisión preventiva contra Tuárez y otros 26 investigados por presunta asociación ilícita para realizar tráfico de influencia en entidades públicas y dictó medidas cautelares para otros seis procesados. La fiscal general, Diana Salazar, en un entrevista hoy, 29 de noviembre de 2019, se refirió al operativo. Dijo que se investiga si existe la participación de otros funcionarios o exfuncionarios públicos.