El Comité de Ética de la Asamblea Nacional receptó este 7 de noviembre de 2022 las primeras versiones en torno a la investigación a la expresidenta del organismo, Guadalupe Llori, por los pagos de colaboradores para que se movilice en un carro de alta gama.

Efectivamente, dos funcionarios de la Asamblea confirmaron que cancelaron con su dinero el alquiler de un vehículo, a mediados de 2021, aunque no pudieron relacionar la acción con un pedido directo de Llori.

Contaron que fue la administradora General de la Asamblea de la época, Gloria Larenas, la que les dijo que se debía alquilar el automotor para la movilización de la presidenta y que luego se les haría un reembolso, algo que nunca sucedió.

Entre los llamados estuvo Carlos Cadena, entonces jefe de Transportes de la Asamblea y Roxana Mesa, especialista en Servicios Generales del legislativo. En tanto que, Larenas justificó su inasistencia porque estaría fuera del país.

Mesa presentó como pruebas facturas, comprobantes de pago y las conversaciones de un chat en el que se coordinaba el alquiler y logística que requería movilizar un vehículo que no pertenecía a la Asamblea.

Incluso, dijo que de su dinero tuvo que hacer un depósito al policía que dirigía la seguridad de Llori para que ponga gasolina al automotor. Mostró el comprobante de pagos.

También reveló que en febrero pasado fue convocada a una reunión con Llori que, si bien, habría estado al tanto del alquiler del vehículo para su movilización, especialmente los fines de semana, no habría conocido que fueron Cadena y Mesa los que asumieron los gastos. 

Por eso, pidió en ese encuentro a un asesor que busque la forma de devolverles el dinero, algo que tampoco ha pasado hasta ahora. La acusadora de Llori es la asambleísta correísta Johanna Ortiz.