Funcionaria de SRI y accionista de 27 empresas, investigados por lavado

La Fiscalía General del Estado informó el 18 de mayo de 2024 que tres personas, están procesadas por supuesto lavado de activos, en el caso Riesgos. Uno de los sospechosos es accionista de 27 empresas.

(Lea también: Los implicados en el caso Encuentro también apuntaban a la U. Central y al IESS)

El Ministerio Público indicó que investiga los movimientos económicos injustificados de uno de los procesados, a partir de la emisión de un Reporte de Operaciones Inusuales Injustificados (ROII), enviado en el 2015, por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ahora UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico).

Por esta alerta, la Fiscalía conoció que Marco Lener Velasco Freire era accionista de 27 empresas nacionales y administrador de otras cinco.

Mientras que, Carlos Alonso Pico Guevara, en su calidad de contador del empresario, habría coadyuvado para el ocultamiento de la procedencia del patrimonio de Velasco Freire. El profesional habría llevado la contabilidad del mencionado sujeto y varias de sus empresas, incurriendo en actividades ilícitas contra el sistema financiero nacional, incluso adquiriendo bienes en el exterior.

Según Fiscalía, los delitos precedentes por los que se los investiga serían usura y defraudación tributaria. Aún no se ha definido la cantidad de dinero involucrada.

Por su parte, Karina Marianela Proaño Proaño, como funcionaria del Servicio de Rentas Internas (SRI), habría elaborado varios informes (en los años 2018, 2019 y 2020) sobre las diferencias en el patrimonio de Marco Velasco, respecto de sus declaraciones ante esa institución, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Añadió que la funcionaria a cargo de este trámite habría recibido, analizado y luego archivado controles.

Los procesados fueron detenidos la mañana del viernes 17 de mayo en los allanamientos ejecutados en las provincias de Tungurahua, Manabí y Guayas.

Empresario investigado por usura

La Fiscal de la Unidad Antilavado a cargo de la investigación mencionó en la audiencia de formulación de cargos que el empresario imputado, según la pericia contable, sería un prestamista informal (usurero) que habría presentado, al menos, quince demandas civiles por el cobro de letras de cambio y pagarés de distintas personas.

Producto de estas actividades desarrolladas al margen de la Ley, se identificó la adquisición de 69 inmuebles a escala nacional, que no han sido declarados correctamente ante el SRI.

Entre las empresas identificadas como propiedad o con acciones de Marco Velasco, figuran algunas dedicadas a la compra y venta de vehículos e inmuebles, talleres de servicio automotriz, empresas de turismo y un medio de comunicación radial en la ciudad de Ambato.

Además, tendría participación en sociedades y corporaciones en donde, al menos en 17 de estas, tendría más del 50% de acciones.

La fiscal del caso imputó cargos para Marco Velasco, en calidad de autor; Carlos Pico, como coautor; y, Karina Proaño, como cómplice de la infracción.

La jueza de turno notificó el inicio de una instrucción fiscal de 90 días y dictó como medidas cautelares presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para los tres procesados.

Y, aunque no acogió el pedido de incautación, sí ordenó la prohibición de enajenar -al menos- catorce inmuebles identificados por Fiscalía. Las propiedades están valoradas en unos siete millones de dólares: nueve inmuebles en la provincia de Tungurahua y cinco en la de Pichincha.

Los procesados podrían enfrentar una pena de diez hasta trece años de cárcel.

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