Los abogados del país estamos en la obligación ineludible de empujar a los colegios de abogados existentes en el Ecuador a llevar a cabo una intensa campaña orientada a devolver la institucionalidad al país, y de manera preferente, volver a contar con una función Judicial independiente en la que nadie, por muy poderoso que sea, vuelva a meter las manos. La independencia que debe haber entre las funciones de un Estado permite que exista una real y efectiva democracia.

Una función Judicial adocenada, comprometida con el poder político, lo único que hace es que los ciudadanos perdamos la confianza en la vigencia del imperio de la ley, de la justicia y del derecho. Con esta manera de pensar, un grupo destacado de juristas de Guayaquil han constituido un importante movimiento al que han denominado Por la independencia de la justicia, y con ese objeto están desplazándose por todo el país para reunirse en cada capital de provincia con los colegios de abogados respectivos, a fin de preparar las medidas y las sugerencias que luego deberán ser presentadas a consideración de la opinión pública, de la Asamblea Nacional y de manera preferente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Han visitado ya algunos colegios de abogados del país y en todos han recibido con alborozo esta posición de luchar por la independencia de la justicia. Lo que persigue este grupo distinguido de juristas ecuatorianos es que se reformen las leyes que atentan contra el ejercicio libre de la profesión de abogado, que se efectúen designaciones de jueces y fiscales en forma seria para evitar designaciones a dedo. Con esa meta buscarán los mecanismos legales correspondientes a fin de que entre quienes deban designar a los operadores de justicia se encuentren abogados en ejercicio pleno de su profesión. Esta actitud y estos procedimientos deben ser mirados como una demostración evidente de profesionales que no aspiran a cargos burocráticos, sino exclusivamente a que la justicia sea independiente.