La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este 21 de enero de 2022 la fase de sustanciación del juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui.

Siete personas fueron convocadas a comparecer en la primera jornada para que den su versión sobre las supuestas irregularidades cometidas por la funcionaria. El legislador interpelante es Darwin Pereira de Pachakutik.

Entre los comparecientes estuvo Solanda Goyes que contó que la Superintendencia de Bancos no habría hecho nada cuando le fue sustraído dinero, que era parte de un préstamo, de una cuenta de una entidad bancaria privada.

Otro ciudadano, Cristian León, aseguró que la entidad ha desarrollados dos concursos para designar defensores de clientes, pero desde hace doce meses no hay resultados y se ha decidido prorrogar en funciones a defensores que ya debieron dejar el cargo hace dos años.

Pereira dijo que con las primeras versiones parecería ser que hay casi un “modus operandi” con el que todos los reclamos de los usuarios a quienes, por ejemplo, les han sustraído sus recursos económicos, se estrellan en una pared en la Superintendencia de Bancos.

“Según información proporcionada por la misma entidad, había 287 mil denuncias de estas características al día que presentamos el pedido de juicio político. Ahora debe haber subido y muchos han decidido no denunciar porque han perdido las esperanzas”, señaló Pereira.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio calificó a este como un “día importante” porque con este proceso ya son siete pedidos de juicio político que tramita esta Mesa Legislativa: cuatro han acabado en censura y destitución, recordó el asambleísta.

Según Pereira, serían ocho las causales para procesar políticamente a Arregui, lo que configuraría un incumplimiento de las funciones establecidas en la Constitución y las leyes.