Cerca de 500 detenidos han dejado tres días de la vigencia del decreto 111 en el que el presidente Daniel Noboa reconoció la existencia de un conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones para neutralizar a los grupos declarados como terroristas.

De ellos, alrededor de 80 han recibido cargos por supuesto terrorismo en 11 provincias del país. Para atender la cantidad de casos la Fiscalía informó que ha redoblado los turnos de Flagrancia para fortalecer la respuesta de la institución ante la actual crisis de seguridad interna que vive el país.

Pero, ¿podrá la Fiscalía sostener los casos en los tribunales? El penalista Felipe Rodríguez considera que sí porque eso está fácil de demostrar. No preocupa que sean 300 o más procesados. Lo preocupante para él sería que sean 300 casos porque son solo 16 los jueces anticorrupción y de ellos solo cuatro son de primer nivel para conocer abreviados y evaluatorias de juicio. Lea además: "Crimen transnacional: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunirán para frenarlo"

El jurista guayaquileño Jorge Luis Sánchez cree que es un reto complejo para la Fiscalía. Aunque en la práctica no están procesando a todos por terrorismo y sí se ha tomado la molestia de calificar secuestro extorsivo, narcotráfico, delincuencia organizada, tráfico de armas, dependiendo de las circunstancias de las aprehensiones.

Sánchez dice que no basta que con un decreto declare terroristas y objetivos militares a los grupos de delincuencia organizada porque no se traslada automáticamente la responsabilidad penal y la conducta descrita en el tipo penal. Los únicos procesados como terroristas son los que cumplen con el artículo del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que lo contempla. Cita el ejemplo un caso claro: los que ingresaron al canal TC e infundieron terror.

Sobre la reclusión de los sospechosos el jurista considera que las cárceles no están preparadas porque aún ni se ha retomado el control de las mismas.

Hace notar que se están cayendo algunas flagrancias porque son tantos los detenidos que los policías no se dan abasto en la elaboración de partes.

La penalista Lorena Grillo cree que redoblando los esfuerzos lo pueden lograr.

En sus redes sociales la Fiscalía señaló que cuenta con lineamientos para investigar a organizaciones criminales y terrorismo. Añadió que en caso de hallar elementos, “formulamos cargos contra los presuntos infractores ante el juez”.

Un exfiscal general que pidió la reserva de su nombre cree que hay que entender que el país está viviendo circunstancias extraordinarias, es decir, circunstancias que no tienen un paradigma de comparación previo, ni histórico ni político.

Opina que es necesario que la institucionalidad del Estado muestre su capacidad de cerrar filas alrededor de una agresión a la sociedad (que no es contra el gobierno ni la clase política), encabezada por el crimen organizado.

Para él es complejo el tiempo que se está viviendo y sobre todo el que va a venir, “porque el Estado no se puede convertir en un delincuente: la forma de combatir la delincuencia organizada es a través del derecho, es decir, a través de la ley”.

Insiste en que no se cura la delincuencia convirtiendo a los agentes del orden en delincuentes, de esa manera, lo único que se conseguirá es una espiral de violencia imparable, un baño de sangre y una angustia permanente para millones de inocentes que caminan por las calles.

El exfiscal es partidario de que la Fiscalía y los jueces organicen un plan de contingencia que les permita enfrentar de manera adecuada el incremento sustancial de trabajo que van a sufrir después de todas las acciones del orden que se deben llevar a cabo.

Para el jurista Aníbal Quinde, la labor para jueces y fiscales es y será ardua. Una manera práctica de reducir la cantidad de causas y centrarlas en un mismo fiscal y ante un mismo juez es tomando en consideración el hecho bajo la figura de acumulación o conexidad de causas. Es una fórmula para optimizar procesos y personal judicial, dice.

El penalista Carlos Alvear manifiesta que ni la Fiscalía tiene tantos agentes asignados para investigar estos delitos ni existen jueces suficientes (son solo 16 los que pueden conocer estos delitos en etapa preparatoria, de juicio y apelación). Puntualiza que tampoco el sistema carcelario, al día de hoy, puede recibir a todos los procesados con prisión, sin agravar el problema del hacinamiento carcelario. 

El detalle

Objetivo. Miembros de 22 bandas se han convertido en el objetivo militar que busca ser neutralizado en zonas conflictivas.

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